Marco Legislativo y Estructura Administrativa para la Inclusión de Personas con Discapacidad en España

Cuando se produce la transición política, se dispone de un importante recorrido en las medidas de atención a las personas con discapacidad. La Constitución Española (CE) establece en su artículo 49 que los poderes públicos intervendrán a favor de las personas con discapacidad, otorgándoles una atención especializada y amparándolas para el disfrute de sus derechos. El texto constitucional recoge tanto esta práctica previa como el espíritu de la normativa internacional vigente.

El gran número de disposiciones que han aparecido, las múltiples instancias administrativas intervinientes y el mandato constitucional hicieron conveniente la sistematización normativa de las actuaciones en el ámbito de la discapacidad, objetivo de la Ley de Integración Social de Minusválidos de 7 de abril de 1982 (LISMI) y sus medidas posteriores de desarrollo.

La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI): Estructura y Objetivos

La LISMI consta de 66 artículos agrupados en 10 títulos, entre los que destacan:

• Principios generales que inspiran la Ley.
• Titulares de los derechos.
• Prevención de las minusvalías.
• Diagnóstico y valoración de las minusvalías.
• Rehabilitación.
• Integración laboral.
• Servicios Sociales.
• Otros: Supresión de las barreras arquitectónicas.

También dedica atención a la gestión y financiación, y señala que el gasto generado por las prestaciones y servicios destinados a las personas con discapacidad correrá a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas (CC. AA.) y las corporaciones locales.

En el ámbito de los Servicios Sociales, es objetivo de la LISMI garantizar el logro de adecuados niveles de desarrollo personal y de integración, así como la superación de las discriminaciones (Art. 49). Se reconoce el derecho a obtener prestaciones a todas las personas con discapacidad, prestadas tanto por centros públicos como privados sin ánimo de lucro. Una red que deberá permitir mantener la máxima vinculación de las personas con discapacidad a su medio familiar y entorno geográfico.

Para desarrollar los principios y actuaciones previstas en la LISMI, se ha consolidado una estructura administrativa que cuenta con el IMSERSO y el Real Patronato sobre Discapacidad como órganos principales.

Organismos Clave en la Gestión de la Discapacidad

A. El IMSERSO

Como organismo autónomo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (en adelante, MTAS), realiza actuaciones dirigidas a la mejora de la inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, así como a una mayor movilidad de estas. Dentro de este organismo, se encuentra la Subdirección General del Plan de Acción y Programas para Personas con Discapacidad, que coordina estas actuaciones.

Entre sus medidas para mejorar la situación laboral de las personas con discapacidad, el IMSERSO promueve el Programa ESTRELLA, impulsa el Método de Orientación y Valoración Profesional y colabora en el Plan de Empleo para Personas con Discapacidad, puesto en marcha en 2002. También se establecen acciones destinadas a la mejora de la accesibilidad y la comunicación para personas con discapacidad, a través de medidas que mejoren la adaptación del entorno urbano a sus necesidades, así como mediante la aplicación de nuevas tecnologías destinadas a la mejora de la comunicación de estas personas. Como órgano de apoyo y coordinación de estas acciones, se encuentra el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT), que aplica la accesibilidad integral y el desarrollo tecnológico a la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos, especialmente de las personas con discapacidad y personas mayores.

B. El Real Patronato sobre Discapacidad

Encuentra sus antecedentes históricos en el Real Patronato de Educación Especial y en el Real Patronato para la Prevención y Atención a Personas Minusválidas. Su configuración actual responde a un órgano rector, la Junta de Gobierno, bajo la presidencia de la Reina, que lo integra:

• Un presidente efectivo (el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales).
• Tres vocales de ministerios con competencias en la materia.
• Dos vocales expertos.
• Un secretario.

Son funciones del Real Patronato:

• Promover e impulsar la actividad pública y privada.
• Facilitar la coordinación y colaboración entre organismos públicos y entidades voluntarias.
• Apoyar técnicamente en todo tipo de iniciativas.
• Impulsar la investigación, la información y la documentación.