El principio Solve et Repete y el derecho de acceso a la justicia

I. El Principio Solve et Repete

Este privilegio procesal, que en términos literales significa “paga y repite”, implica un condicionamiento de la admisibilidad de los reclamos administrativos o las acciones contencioso-administrativas en contra de multas u otras obligaciones dinerarias declaradas a favor de la administración, al pago previo de esta, o una fracción, por parte del particular afectado.⁷⁴ En el fondo, se trata de una limitación material a los particulares del acceso a la jurisdicción, fundada en la rigurosidad en el uso de las vías procedimentales de reclamo en contra de la administración.

El Solve et Repete en el Derecho Comparado

En el derecho comparado, esta cláusula ha sido severamente cuestionada por la doctrina y jurisprudencia más citada, considerándose un límite inaceptable al derecho fundamental a la acción o tutela judicial. Así, en el derecho español, el Tribunal Supremo ha declarado expresamente que:

“Desde la vigencia de la Constitución, han de estimarse derogados los preceptos que exigen el depósito previo, la consignación o aval por el importe de la multa para poder formular tanto un recurso administrativo como uno contencioso-administrativo, por causa del rechazo postconstitucional del principio solve et repete como requisito previo sine qua non, para el logro de la tutela judicial en el ejercicio de derechos o intereses legítimos (Sentencias de 15 de marzo de 1985, de 19 de noviembre de 1987 y de 9 de octubre de 1991)”.⁷⁵

Situación en la Doctrina y Jurisprudencia Nacional

En la doctrina nacional, esta materia ha tenido aún escaso desarrollo, aunque algunos autores ya han manifestado sus objeciones a este privilegio de la administración,⁷⁶ lo que ha sido ratificado parcialmente por la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 536/2006). En este caso, siguiendo los criterios expuestos en el derecho comparado, el criterio central ha sido cuestionar la constitucionalidad de este privilegio, atendidos los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley (art. 19 nº 2 CPR)⁷⁷ y, especialmente, el derecho de acceso a la justicia (art. 19 nº 3 CPR)⁷⁸ establecido en forma más o menos imprecisa en nuestra carta política.