Principios Informadores del Sistema de Fuentes del Derecho

Los Principios Informadores

Deben ser considerados como aquellos criterios determinantes para la solución de los diferentes conflictos normativos (art. 9.3 de la Constitución Española, art. 1.2 del Código Civil y art. 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial). A este respecto, podemos distinguir entre:

Principio de Jerarquía

Implica un deber de obediencia de la norma inferior respecto de la superior. Es válido para explicar la relación entre diversas fuentes del Derecho, como pudiera ser la existente entre la Constitución y el resto de las normas jurídicas, pero ha perdido ya ese carácter globalizador y totalizador que tenía en el Estado liberal. Ha tenido reconocimiento en diversas disposiciones normativas como son el art. 1.2 del Código Civil, el art. 6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el art. 128.3 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común (LPAC).

El principio de jerarquía normativa parte de la diferenciación entre órganos superiores e inferiores de producción normativa, así como del procedimiento formal para garantizar el rango de la norma. Sin embargo, la Constitución no dispone de una catalogación jerárquica explícita de las normas, sino tan solo de los órganos titulares de las mismas y los procedimientos para su aprobación y modificación.

En cuanto a su valoración jurisprudencial, el Tribunal Constitucional habilita a los tribunales ordinarios a plantear ante él la inconstitucionalidad de una norma, así como a interpretar y elegir la norma jerárquicamente aplicable al caso concreto.

Principio de Competencia

Es propio de los ordenamientos jurídicos complejos, consecuencia directa del pluralismo normativo y territorial constitucionalmente reconocido. Consiste en la atribución a un poder normativo de una reserva material específica.

A diferencia del principio de jerarquía, el de competencia no implica un deber de subordinación de la norma inferior respecto de la superior, sino un deber de respeto recíproco entre ambas normas. En este caso, la norma que exceda de su competencia material o territorial puede ser igualmente declarada inválida.

Mientras el principio de jerarquía implica una ordenación vertical de las fuentes del Derecho, el principio de competencia supone una estructuración horizontal, sin que se tenga en cuenta el rango formal de la norma. Opera fundamentalmente en el campo de las relaciones entre los diversos ordenamientos (el estatal y el autonómico), pero también puede tener plena vigencia dentro de un mismo ordenamiento jurídico. Puede hacer referencia tanto a:

• La distribución de materias entre órganos normativos distintos (por ejemplo, ley estatal y ley autonómica).
• La distribución de materias entre normas procedentes de un mismo órgano normativo (por ejemplo, ley orgánica y ley ordinaria).

Otros Principios Informadores del Sistema de Fuentes

Junto a estos principios estructuradores, suele hablarse de la existencia de otros principios fundamentales recogidos en el ordenamiento jurídico:

• Publicidad de las normas: el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Todas las normas deben ser debidamente publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en los correspondientes boletines autonómicos y provinciales para garantizar el conocimiento general.
• Irretroactividad: aplicación restrictiva frente a las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales y fundamentales.
• Principio de legalidad: obligación de sujeción y cumplimiento estricto de la norma aprobada conforme a Derecho.
• Responsabilidad de los poderes públicos: sujeción de la actuación estatal al control jurídico e indemnizatorio mediante los diferentes mecanismos de fiscalización.
• Igualdad de trato: exigencia de dispensar el mismo trato ante la ley a aquellas personas que se encuentren en idéntica situación fáctica y jurídica.