Tutela de derechos fundamentales y libertades públicas en el proceso laboral

Tutela de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas

Objeto y Acumulación

El objeto de este proceso se centra en los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, tratamiento discriminatorio y acoso.

La LJS (Ley de la Jurisdicción Social) impide la acumulación de la pretensión analizada en este lugar con otras de distinta naturaleza o con idéntica pretensión basada en fundamentos diversos. «La regla general es que no cabe la acumulación», «pero hay excepciones a la prohibición de acumulación».

En el caso de que confluyan dos o más pretensiones, y una de ellas quede incluida en la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas, el actor no podrá interponer la demanda sobre esta última modalidad procesal, sino que la interposición deberá sustanciarse sobre el proceso, ordinario o especial, en que se sustente la pretensión distinta de la tutela.

La LJS establece de manera tasada el conjunto de demandas cuyo ejercicio habrá de conducirse a través de la modalidad procesal correspondiente. Se dará carácter preferente a dichos procesos y se acumularán en ellos las pretensiones de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas con las propias de la modalidad procesal respectiva.

Demandas con acumulación preferente

Demandas referidas anteriormente:

• Demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo.
• Las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo.
• Las de disfrute de vacaciones.
• Las de materia electoral.
• Las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación.
• Las de movilidad geográfica.
• Las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
• Las de impugnación de convenios colectivos.
• Las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas.

Legitimación

Legitimación Activa

La legitimación activa la ostenta el trabajador (T) y el sindicato, si bien este último podrá intervenir como coadyuvante (bien sea el sindicato al que pertenezca el trabajador o bien lo sea cualquier otro sindicato que ostente la condición de más representativo), al igual que las entidades públicas o privadas entre cuyos fines se encuentre la promoción y defensa de los intereses legítimos afectados.

La intervención como coadyuvante será sometida a una serie de requisitos previstos en la LJS:

1. El trabajador lesionado ha de ostentar la legitimación activa como parte principal.
2. El coadyuvante no podrá personarse, recurrir ni continuar el proceso contra la voluntad del trabajador perjudicado.

Legitimación Pasiva

En cuanto a la legitimación pasiva, viene ostentada por el empresario (E). No obstante, la ley procesal permite dirigir la pretensión contra terceros (litisconsorcio pasivo necesario) vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios. En este último caso, el tercero no necesariamente debe ser demandado con el empresario, salvo cuando la víctima pretenda la condena de este último o pudiera resultar directamente afectado por la resolución que se dictare.

Intervención del Ministerio Fiscal

Finalmente, es necesario reconocer la existencia de una legitimación «indeterminada», pues no se sitúa ni en la activa ni en la pasiva. Esta es la intervención del Ministerio Fiscal, el cual será siempre parte en estos procesos de defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. «Adoptará la posición como parte activa o pasiva una vez desarrollado el juicio, es decir, una vez escuchadas las partes».

Iter Procedimental

a) Demanda

La demanda, además de los requisitos generales establecidos en la LJS, deberá expresar con claridad:

• Los hechos constitutivos de la vulneración, el derecho o libertad infringidos.
• La cuantía de la indemnización pretendida, con la adecuada especificación de los daños y perjuicios, y deberá establecer las circunstancias relevantes para la determinación de la indemnización solicitada. «La cantidad y el por qué».

Requisitos de la Indemnización por Daños y Perjuicios

Respecto de la indemnización por daños y perjuicios derivada de la lesión de derechos fundamentales, el Tribunal Supremo ha venido sosteniendo que, acreditada la lesión al derecho fundamental, la reparación del daño exige que este sea efectivo y aparezca delimitado. No basta con que quede acreditada la vulneración de un derecho fundamental; es preciso para que haya condena a la indemnización que:

1. En primer lugar, el demandante alegue adecuadamente en su demanda las bases y elementos clave de la indemnización que reclama, que justifique suficientemente que la misma corresponde ser aplicada al supuesto concreto de que se trate, dando razones pertinentes.
2. En segundo lugar, que queden acreditados indicios suficientes en los que se pueda asentar una condena de tal clase en el juicio oral.

Punto de Referencia: LISOS

La demanda habrá de interponerse dentro del plazo general de prescripción o caducidad de la acción previsto para las conductas o