El procedimiento legislativo en España: fases, procedimientos especiales y tipos de leyes

El conjunto de los pasos que conducen a la creación de la ley se conoce como procedimiento legislativo. El procedimiento legislativo común u ordinario comprende tres fases:

1. Iniciativa legislativa: Atribuida al Gobierno (proyectos de ley), al Congreso de los Diputados (CgDip) y al Senado (SEN) (proposiciones de ley), a los Parlamentos de las Comunidades Autónomas (Parlam CCAA) y a los ciudadanos (al menos 500.000 firmas).

2. Fase constitutiva: Cualquier tipo de iniciativa legislativa que se ejerza, se remitirá al CgDip, abriéndose un plazo para la presentación de enmiendas y remitiéndose a la Comisión correspondiente. Una vez elaborado el Dictamen de la Comisión, éste se remitirá al Presidente del Congreso con el fin de introducir como punto en el orden del día del Pleno del Congreso la deliberación del proyecto o proposición de ley. Aprobado el texto por el Congreso, se remite al Senado donde pasará por los mismos trámites que en la Cámara Baja (publicación, presentación de enmiendas, debate en Comisión y deliberación en Pleno). Si el Senado hubiera formulado enmiendas o ejercido su veto, se remitirá el texto al Congreso con el fin de que éste, tras los trámites oportunos, las apruebe o las rechace.

3. Fase integradora: Engloba la sanción, promulgación y la publicación de la ley. En las Monarquías parlamentarias actuales, se mantiene la sanción regia por pura inercia histórica, ya que la ley es ley desde el momento que se aprueba por el Parlamento, no reconociéndose derecho de veto al Rey. La promulgación de la ley tiene por fin dar fe y notificar al resto de órganos del Estado la existencia de un nuevo texto legal. Finalmente, mediante la publicación la ley se convierte en ejecutoria y ejecutable, correspondiendo ésta sólo al Gobierno y no al monarca que se limita a ordenar su inserción en el BOE.

Procedimientos Especiales

Existen procedimientos especiales para la aprobación de leyes:

1. Procedimiento de aprobación íntegra en Comisión: La Constitución permite que las Cámaras deleguen en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley salvo que se trate de la reforma constitucional, cuestiones internacional, Leyes orgánicas o de bases y los Presupuestos generales del Estado.

2. Procedimiento de lectura única: Debido a la naturaleza o simplicidad del proyecto o proposición de ley, podrá acordarse la celebración de un único debate y votación en el Pleno de la Cámara respectiva sin pasar por la Comisión correspondiente.

3. Procedimiento de urgencia: Supone el acotamiento de los plazos de las distintas fases del procedimiento legislativo común.

Otras Variedades Legales

Aparte de las Leyes orgánicas, los Tratados internacionales y las normas dictadas por el Gobierno con fuerza de ley, aparecen otras variedades legales, como:

• Leyes básicas: Tienen por fin garantizar el principio de unidad nacional, fijando los objetivos, fines y orientaciones generales para todo el Estado.

• Leyes marco: Fija el Estado los principios, bases y directrices que deben seguir las Comunidades Autónomas al dictar para sí normas legislativas.

• Leyes de transferencia o de delegación: Mediante las que el Estado transfiere o delega a las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal.

• Leyes de armonización: Normas dictadas por el Estado para armonizar las disposiciones normativas de las diferentes Comunidades Autónomas, cuando así lo exija el interés general.

• Ley de presupuestos: Cuya especialidad legislativa viene determinada por la consideración del Presupuesto como el vehículo de dirección y orientación de la política económica que corresponde al Gobierno.

El Principio de Legalidad

El principio de legalidad exige que la actuación de todos los poderes públicos (Administración y Tribunales incluidos), se lleve a cabo con sujeción al Ordenamiento Jurídico.

En el ámbito penal, el principio de legalidad supone que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta, o infracción administrativa.