La prohibición del uso de la fuerza en el Derecho Internacional y sus excepciones

El Recurso a la Guerra en el Derecho Internacional Clásico

Históricamente, en el marco del Derecho Internacional clásico, la guerra era considerada un medio lícito a disposición de los Estados para resolver controversias o para alcanzar fines de su propio interés. Aunque podía ser cuestionada desde un punto de vista moral, no estaba prohibida jurídicamente.

La regulación del uso de la fuerza comenzó a gestarse de forma progresiva:

• A raíz de las Convenciones de La Haya (1899 y 1907), se empezaron a regular los medios para el arreglo pacífico de controversias, aunque sin llegar a prohibir la guerra.
• El Pacto de la Sociedad de Naciones (1919) introdujo limitaciones significativas al recurso a la guerra, promoviendo el arbitraje, el arreglo judicial y el desarme como mecanismos para garantizar la paz.
• Finalmente, el Pacto General de Renuncia a la Guerra (Pacto Briand-Kellogg de 1928) representó un hito al eliminar formalmente la guerra como instrumento de política nacional para el arreglo de conflictos internacionales.

La Prohibición del Recurso a la Fuerza Armada en el Derecho Internacional Contemporáneo

El régimen actual se fundamenta en el Artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece de forma categórica:

"Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas".

Esta prohibición constituye una norma imperativa del Derecho Internacional general (ius cogens), lo que significa que es de obligado cumplimiento para todos los Estados, sean o no miembros de las Naciones Unidas. Como consecuencia directa, ninguna adquisición territorial o ventaja especial obtenida mediante la amenaza o el uso de la fuerza será reconocida como lícita.

El proyecto de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos refuerza este principio, estableciendo:

• El deber de los Estados de cooperar para poner fin, por medios lícitos, a toda violación grave de una norma de ius cogens.
• El deber de no reconocer como lícita una situación creada por una violación grave de esta naturaleza.

No obstante, esta prohibición general contempla dos excepciones estrictas: la legítima defensa y el uso de la fuerza institucional decidida por el Consejo de Seguridad ante una amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión.

Excepción I: La Legítima Defensa

El derecho inmanente a la legítima defensa, individual o colectiva, está reconocido en el Artículo 51 de la Carta de la ONU. Es lícito recurrir a ella en caso de ataque armado, pero solo hasta que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Una vez que el Consejo interviene eficazmente, el ejercicio de la legítima defensa debe cesar.

Condiciones para su Ejercicio

El requisito indispensable es la existencia de un "ataque armado" previo. La Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General define la agresión, incluyendo actos como:

• La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado al territorio de otro Estado.
• El bombardeo por las fuerzas armadas de un Estado contra el territorio de otro.
• El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro.
• El ataque contra las fuerzas armadas (terrestres, navales o aéreas) de otro Estado.

Límites al Ejercicio de la Legítima Defensa

El derecho consuetudinario establece límites implícitos estrictos para su ejercicio:

• Necesidad: La fuerza debe ser el único medio para repeler la agresión.
• Proporcionalidad: La respuesta armada debe ser proporcional al ataque sufrido.
• Inmediatez: La respuesta debe producirse en un plazo de tiempo cercano al ataque.

La Legítima Defensa Colectiva

Este derecho permite que un grupo de Estados utilice la fuerza para defender a uno de sus miembros que ha sido objeto de un ataque armado. La condición fundamental es que el Estado atacado declare formalmente que ha sido agredido y solicite ayuda a los demás.

En el marco del Derecho de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa (Artículo 42.7 TUE) ha introducido una cláusula de defensa mutua que lo configura no solo como un derecho, sino como una obligación de ayuda y asistencia para los Estados miembros.

Excepción II: El Uso de la Fuerza Autorizado por el Consejo de Seguridad

La segunda gran excepción es el uso de la fuerza en el marco del sistema de seguridad colectiva, regulado en el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad tiene la potestad de determinar la existencia de una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión y, en consecuencia, puede autorizar a los Estados miembros a utilizar la fuerza armada para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales.

El Papel de los Acuerdos y Organizaciones Regionales

El Capítulo VIII de la Carta de la ONU reconoce la existencia y la utilidad de los acuerdos u organismos regionales para el mantenimiento de la paz y la seguridad.

Parámetros de Validez

• Los Estados tienen derecho a dotarse de sistemas normativos propios para el mantenimiento de la paz en su ámbito regional.
• Se exige que dichos acuerdos y sus actividades sean compatibles con los Propósitos y Principios de las Naciones Unidas.

¿Cuándo pueden las organizaciones regionales usar la fuerza sin autorización previa del Consejo de Seguridad?

Existen supuestos limitados en los que esto es posible:

1. En el ejercicio de la legítima defensa colectiva, en respuesta a un ataque armado contra uno de sus miembros (conforme al Artículo 51).
2. Para la creación de operaciones de mantenimiento de la paz de ámbito regional, siempre que cuenten con el consentimiento expreso del Estado en cuyo territorio ejercerán sus funciones.