Protección de Derechos Fundamentales: El Recurso de Amparo Ordinario y el Artículo 53 CE

El recurso de amparo ordinario o judicial: procedimiento preferente y sumario (Art. 53 CE)

Los garantes naturales de los Derechos Fundamentales (DF) son los tribunales ordinarios de justicia. Dentro del territorio de los garantes naturales, pertenecientes al poder judicial, existen dos vías para proteger los derechos fundamentales:

A) Protección limitada de los derechos (Arts. 14 y Sección 1ª, Capítulo II, Título I)

El artículo 53 permite proteger determinados derechos, específicamente los de la Sección Primera del Capítulo II y el artículo 14 (comprendidos del artículo 14 al 29). Si la lesión atañe a alguno de estos derechos, podemos interponer un recurso de amparo ordinario y acudir a los tribunales de justicia; por lo tanto, en este supuesto, no se trataría de la tutela judicial efectiva general, sino del recurso ordinario.

B) Características del proceso judicial: preferencia y sumariedad

• La tutela judicial efectiva (Art. 24): Permite acudir a los tribunales si se han vulnerado los derechos fundamentales del Título I. La tutela judicial es directa, sin que sea estrictamente necesario que el legislador establezca la garantía de forma previa.
• Principios rectores y procedimiento: Según los principios rectores de la política económica y social, la tutela no es directa y necesita del desarrollo del legislador. Sin embargo, al mismo tiempo, el artículo 53 establece la posibilidad de garantizar determinados derechos fundamentales mediante un procedimiento jurisdiccional que posee las siguientes características:
  • Preferencia: Implica que los tribunales ordinarios de justicia resolverán los casos sin tener en cuenta el orden estricto de entrada, otorgando prioridad a las lesiones de estos derechos fundamentales.
  • Sumariedad: Implica que, además, el procedimiento de garantía es sumamente rápido.

C) De la Ley 62/1978 a la regulación en la legislación social y contencioso-administrativa

Antes de la aprobación de la Constitución Española (CE), se promulgó una ley que regulaba el recurso de amparo ordinario; es decir, el procedimiento preferente y sumario de estos derechos en diferentes órganos jurisdiccionales. Esta legislación de 1978 se fue vaciando de contenido a medida que el legislador desarrollaba los derechos fundamentales e incorporaba garantías extraordinarias, como el recurso ordinario (por ejemplo, el habeas corpus).

Por lo tanto, la regulación actual es exclusiva para cada derecho y no de carácter general. Sin embargo, en algunos órdenes jurisdiccionales, como el contencioso-administrativo o el laboral, sí se establece una garantía para todos estos derechos dentro del ámbito administrativo o laboral.