Régimen Jurídico del Reconocimiento de Resoluciones Extranjeras: Jurisdicción Voluntaria y Arbitraje en España

C) Actos de Jurisdicción Voluntaria

Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria

TÍTULO I. De las normas comunes en materia de tramitación de los expedientes de jurisdicción voluntaria

CAPÍTULO I. Normas de Derecho Internacional Privado

• Art. 9. Competencia internacional.
• Art. 10. Ley aplicable a los expedientes de jurisdicción voluntaria en los casos internacionales.
• Art. 11. Inscripción en registros públicos.
• Art. 12. Efectos en España de los expedientes y actos de jurisdicción voluntaria acordados por autoridades extranjeras.

Artículo 11. Inscripción en Registros Públicos

Requisitos para que las resoluciones definitivas extranjeras de jurisdicción voluntaria emanadas de un órgano judicial puedan ser inscritas en los registros públicos españoles:

1. Previa superación del trámite de exequátur o de reconocimiento incidental en España. Hasta entonces solo podrán ser objeto de anotación preventiva.
2. Por el Encargado del registro correspondiente, siempre que verifique la concurrencia de los requisitos exigidos para ello.

Artículo 12. Efectos en España de los Expedientes y Actos de Jurisdicción Voluntaria Acordados por Autoridades Extranjeras

Requisitos: Los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras que sean firmes surtirán efectos en España y accederán a los registros públicos españoles previa superación de su reconocimiento conforme a lo dispuesto en la legislación vigente.

Denegación del Reconocimiento

El reconocimiento en España de los actos de jurisdicción voluntaria acordados por las autoridades extranjeras solo se denegará en estos casos:

1. Si el acto hubiera sido acordado por autoridad extranjera manifiestamente incompetente. Se considerará que la autoridad extranjera es competente si el supuesto presenta vínculos fundados con el Estado extranjero cuyas autoridades han otorgado dicho acto. Se considerará, en todo caso, que las autoridades extranjeras son manifiestamente incompetentes cuando el supuesto afecte a una materia cuya competencia exclusiva corresponda a los órganos judiciales o autoridades españolas.
2. Si el acto hubiera sido acordado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de los implicados.
3. Si el reconocimiento del acto produjera efectos manifiestamente contrarios al orden público español.
4. Si el reconocimiento del acto implicara la violación de un derecho fundamental o libertad pública de nuestro ordenamiento jurídico.

D) Laudos Arbitrales

Régimen Convencional Multilateral

Convenio de Nueva York de 10 de junio de 1958 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras, complementado por el Convenio Europeo sobre Arbitraje Comercial Internacional, hecho en Ginebra el 21 de abril de 1961.

Régimen Convencional Bilateral

Diversos convenios que contienen cláusulas sobre arbitraje (Brasil, Bulgaria, Checoslovaquia, China, Francia, Italia, Marruecos, México y Uruguay).

Convenios sobre Materias Específicas

Convenios que contienen cláusulas aisladas sobre arbitraje.

Régimen Autónomo

Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, artículo 46.2. (favor recognitionis) (remite al Convenio de Nueva York y al régimen general de Derecho autónomo).

El régimen del Convenio de Nueva York no regula ni la competencia ni el procedimiento (solo algunas cuestiones en los arts. IV y V). Por tanto, es de aplicación el régimen general de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional (LCJI): arts. 41 y siguientes.

Causas de Denegación (Título V del Convenio de Nueva York)

Causas que han de ser alegadas por las partes:

• Inexistencia o nulidad del acuerdo arbitral.
• Garantía de los derechos de las partes.
• Incongruencia entre el contenido de la sentencia y el del acuerdo arbitral.
• Irregularidad en la constitución del Tribunal arbitral o en el procedimiento.
• Carácter no obligatorio de la sentencia.

Causas apreciables de oficio:

• Falta de arbitrabilidad del objeto de la controversia.
• Contrariedad del laudo con el orden público.