Reinado de Isabel II: Regencia, Guerra Carlista y Gobiernos Liberales (1833-1868)

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El reinado de Isabel II

El reinado de Isabel II comienza con la regencia de su madre, María Cristina (1833-1840), hasta que Isabel alcanza la mayoría de edad. En este periodo se enfrenta a los carlistas.

Estos defienden el reinado de Carlos María Isidro, que según la Ley Sálica de 1713 excluía a la mujer en la línea sucesoria y el que tenía que gobernar era él. Por su parte, Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción de 1830, que aceptaba a la mujer como heredera y reina en caso de falta de varón.

Otro punto conflictivo con el reinado de Isabel II es el antiliberalismo carlista, ya que la dinastía borbónica se alía con este sector para combatir a los carlistas. Todo esto provocó la Primera Guerra Carlista (1833-1839).

Etapas de la regencia de María Cristina

Durante la regencia de María Cristina se diferencian tres etapas:

  • Gobierno liberal moderado (1833-1835): tuvo como presidente de gobierno a Martínez de la Rosa y promulgó el Estatuto Real de 1834.

  • Gobierno liberal progresista (1835-1837): después de unas revueltas urbanas capitaneadas por los progresistas, obligaron a María Cristina a nombrar a Mendizábal presidente del gobierno. Este gobierno se centró en la desamortización del antiguo régimen y la implantación de la monarquía parlamentaria y la Constitución de 1837. Estos implantaron la reforma agraria liberal y la desamortización eclesiástica, que pretendía alcanzar tres objetivos: el financiero (para costear la guerra carlista), el político (apoyo al régimen liberal) y el social (crear una clase media agraria).

  • Gobierno conservador (1837-1840): tras ganar las elecciones de 1837, intentan frenar las reformas progresistas.

Los diversos pronunciamientos militares de los progresistas produjeron la dimisión de la regente y la sustitución por el general Espartero (1841-1843). Finalmente, el pronunciamiento de Narváez proclamó reina a Isabel II (1844-1868).

La década moderada (1844-1854)

Consistió en la construcción de un Estado liberal. Este se asienta en la Constitución de 1845 (que se parece a la de la Restauración de 1876), el Concordato de 1851 (acuerdo con la Santa Sede que reconoce el catolicismo como religión oficial y devuelve a la Iglesia los bienes desamortizados) y la reorganización centralista de la administración territorial, judicial y fiscal (como la división provincial, la Ley de Ayuntamientos, el Código Penal y los proyectos de Código Civil, etc.).

El bienio progresista (1854-1856)

El pronunciamiento militar encabezado por O'Donnell, los levantamientos populares en las principales ciudades y el Manifiesto de Manzanares (redactado por Cánovas del Castillo) obligaron a la reina a dar paso a los progresistas. El gobierno estuvo dirigido por Espartero como jefe de gobierno y O'Donnell como ministro de Guerra.

Las reformas de este bienio se centraron en un nuevo proyecto de constitución (que quedó en fase de proyecto), la Ley General de Ferrocarriles (que facilitó la construcción de la red ferroviaria española) y la desamortización civil de Madoz (que afectó fundamentalmente a los bienes de los ayuntamientos).

La Unión Liberal (1856-1868)

Finalmente, O'Donnell, tras fundar en 1855 la Unión Liberal, recibió el encargo de formar gobierno en 1856. O'Donnell retornó a las instituciones de la década moderada y a la Constitución de 1845. Se mantuvieron las desamortizaciones y la reina lo sustituyó por Narváez, quien suprimió la desamortización eclesiástica pero no la civil.

A pesar de ello, la conflictividad social provocó la vuelta de O'Donnell. En 1863, los gabinetes de carácter autoritario que nombraba la reina no fueron capaces de solucionar la crisis económica ni la oposición política de los progresistas, demócratas y republicanos, quienes en 1866 se aliaron en el Pacto de Ostende (muy parecido al Pacto de San Sebastián de 1930), con el que pretendían acabar con la monarquía isabelina.

Con la muerte de O'Donnell en 1867, el general Serrano se convirtió en el nuevo jefe de la Unión Liberal y se vio obligado a unirse al pacto debido a la fuerte represión gubernamental.

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