Relaciones entre el ordenamiento de la Unión Europea y los ordenamientos de los Estados miembros: principio de primacía

Lección 20: Las relaciones entre el ordenamiento de la Unión y los ordenamientos de los Estados miembros

I. Autonomía y coordinación del ordenamiento de la UE y los ordenamientos internos

El Derecho de la Unión es un Derecho propio y específico de la Unión, que no puede asimilarse ni al Derecho de los Estados miembros ni al Derecho internacional.

El Tribunal de Justicia va a efectuar una serie de precisiones indicando, sobre todo, que el ordenamiento jurídico de la Unión es un Derecho que se integra en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Con ello, se quiere destacar que el ordenamiento jurídico de la Unión es un Derecho que se inserta o penetra en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros, aunque sin perder su condición o calidad de Derecho de la Unión.

Esto significa que el Derecho de la UE forma parte del Derecho que se aplica en cada uno de los Estados miembros, sin que deba confundirse en ningún momento con su Derecho interno.

Derivado de esto último, el Derecho de la Unión Europea no es Derecho francés, Derecho español o Derecho belga, sino Derecho de la Unión Europea insertado en cada uno de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros.

Este Derecho de la Unión no es, por tanto, un Derecho extranjero ni un Derecho exterior a los ordenamientos internos de los Estados miembros. Es el Derecho propio de cada uno de los Estados miembros y que resulta aplicable en todo su territorio de la misma manera que su Derecho interno.

(Derecho de la Unión y Derecho de los Estados miembros) El hecho de que compartan mismos sujetos o destinatarios determina que se genere una relación entre las normas de la Unión y las normas internas de los Estados miembros. El Tribunal de Justicia, a través de su jurisprudencia, ha elaborado los principios que articulan las relaciones entre el Derecho de la Unión Europea y el Derecho interno de los Estados miembros.

II. El principio de primacía

a) Fundamento

El principio de primacía puede definirse como la prevalencia o prioridad de aplicación del Derecho de la Unión Europea sobre el Derecho nacional del Estado miembro, e implica que la norma interna nacional queda privada de eficacia frente a la norma de la Unión con la que resulta incompatible. Así pues, entre una norma nacional y una norma de la Unión se ha de aplicar de modo preferente la norma de la Unión, resultando inaplicables las normas internas incompatibles.

b) Alcance

La primacía del Derecho de la Unión se consagra en términos absolutos e incondicionales. Esto quiere decir que, en caso de conflicto, el Derecho de la Unión goza de primacía sobre cualquier norma interna, anterior o posterior, y de cualquier clase que sea.

c) Consecuencias

Inaplicabilidad: la aplicación de este principio conlleva la inaplicabilidad de la norma interna o nacional. En caso de que exista una norma nacional incompatible con una norma de la Unión, las autoridades nacionales (administrativas o jurisdiccionales) tienen la obligación de dejar sin aplicación la norma nacional que esté en conflicto con la norma de la Unión.

Garantía del respeto al principio: la primacía del ordenamiento de la Unión corresponde garantizarla al juez nacional ante el cual se sustancian los conflictos entre normas internas y normas de la Unión. Este juez nacional, en caso de que una ley interna contradiga a una comunitaria, deberá dejar inaplicada la norma nacional sin esperar su previa derogación por vía legislativa o por cualquier otro procedimiento constitucional.

Vinculación de todos los órganos del Estado al principio de primacía: este deber de salvaguardar la primacía del Derecho de la Unión quiere decir que todas las autoridades nacionales están obligadas, en el marco de sus competencias, a aplicar el principio de primacía.

La derogación por el Estado de las normas internas incompatibles: de acuerdo con el Tribunal de Justicia, los Estados miembros están obligados a derogar las normas internas contrarias a las normas del Derecho de la Unión Europea. Por lo tanto, no basta con dejar inaplicada la ley o la disposición reglamentaria, sino que existe una obligación a cargo del Estado de derogar esa norma contraria.