Requisitos de la demanda, capacidad jurídica y garantías procesales en el ordenamiento ecuatoriano

Requisitos de la demanda

La demanda será clara y contendrá:

1. La designación del juez ante quien se la propone;
2. Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los nombres completos del demandado;
3. Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y precisión;
4. La cosa, cantidad o hecho que se exige;
5. La determinación de la cuantía;
6. La especificación del trámite que debe darse a la causa;
7. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y el lugar donde debe notificarse al actor; y,
8. Los demás requisitos que la ley exija para cada caso.

Personas

Persona natural es el ser humano que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal.

Persona jurídica es una persona ficticia, sujeto de derechos y obligaciones, creada por una o más personas naturales para cumplir un objetivo social, que puede o no tener ánimo de lucro.

Capacidades jurídicas

1. Capacidad de goce

Es la cualidad jurídica que tiene una persona para adquirir derechos. Cuando una persona nace viva, la ley le reconoce derechos desde que nace; goza de sus derechos, por ejemplo, se beneficia del derecho al nombre, a tener bienes de su propiedad, etc.

2. Capacidad de disfrute o ejercicio

Es la idoneidad de un sujeto para ejercitar personalmente sus derechos. Cuando una persona propietaria de un bien lo vende, está disfrutando personalmente de su bien.

Incapacidad jurídica

Incapacidad jurídica es la carencia de la aptitud para la realización del ejercicio de derechos o para adquirirlos por sí mismo.

1. Incapacidad absoluta

Son las personas por nacer, los menores impúberes, los dementes y los sordomudos que no puedan darse a entender por escrito. Los últimos dos casos deben haber sido declarados incapaces por el juez.

2. Incapacidad relativa

Son los menores adultos, entre 14 y 18 años.

Constitucionalización del orden jurídico y garantías

La nueva Constitución supone un inequívoco tránsito hacia la constitucionalización del orden jurídico. Se introducen y refuerzan principios jurídicos sobre el derecho procesal que regulan el debido proceso, proceso legal por el cual el gobierno respeta todos los derechos legales que posee la persona.

Garantías procesales

Garantías procesales son seguridades que se otorgan para impedir el goce efectivo de los derechos fundamentales.

Principios jurídicos

Principios jurídicos son fines legítimos que busca un sistema jurídico, como el bien común, la justicia social y la prevalencia del derecho sobre la fuerza. Todas las personas tienen acceso gratuito a la justicia, y todo proceso se desarrollará bajo los principios de inmediación y claridad.

Derecho de acceso a los tribunales o derecho a la tutela judicial efectiva

Comprende:

• a) Derecho a jamás sufrir indefensión;
• b) Derecho a la resolución motivada;
• c) Derecho a utilizar los recursos previstos en las leyes procesales;
• d) Derecho a la intangibilidad de las resoluciones judiciales.

Debido proceso

Debe ser iniciado, desarrollado y concluido respetando y haciendo efectivos los presupuestos, principios y normas, provocando la seguridad jurídica del ciudadano.

Derecho de presunción de inocencia

El acusador tiene la obligación de destruir el estado de inocencia en el que se encuentra toda persona.

Nullum crimen, nulla poena sine lege

Tiene dos fundamentos:

1. Político constitucional: solo la ley previa, estricta, escrita y aprobada puede tipificar conductas;
2. Funcional: prevención psicológica al momento de crear la ley y ser conocida por todos.

Carácter de eficacia probatoria

Toda prueba obtenida mediante la violación de derechos fundamentales resulta inadmisible.

Principio pro reo

De existir dos leyes distintas sobre el mismo tema, se aplicará la más rigurosa.

Principio de proporcionalidad

Proporción adecuada a la gravedad del delito.

Derecho de defensa

Garantiza que el ciudadano no sea privado de los medios que le ayudan a demostrar su inocencia.

Principio de inmediación

El juzgador debe mantenerse lo más cerca posible de las partes para descubrir su actitud y procurar conocer su buena o mala fe en el actuar.

Justicia indígena

Art. 171.- Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales. El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.

La mediación

Art. 43.- La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que versa sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto.

Art. 44.- La mediación podrá solicitarse a los centros de mediación o a mediadores independientes debidamente autorizados. Podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la presente ley, sin restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, legalmente capaces para transigir. El Estado o las instituciones del sector público podrán someterse a mediación, a través del personero facultado para contratar a nombre de la institución respectiva. La facultad del personero podrá delegarse mediante poder.

Art. 45.- La solicitud de mediación se consignará por escrito y deberá contener la designación de las partes, su dirección domiciliaria, sus números telefónicos si fuera posible, y una breve determinación de la naturaleza del conflicto.

Art. 46.- La mediación podrá proceder:

• a) Cuando exista convenio escrito entre las partes para someter sus conflictos a mediación. Los jueces ordinarios no podrán conocer demandas que versen sobre el conflicto materia del convenio, a menos que exista acta de imposibilidad de acuerdo o renuncia escrita de las partes al convenio de mediación. En estos casos cualquiera de ellas puede acudir con su reclamación al órgano judicial competente. Se entenderá que la renuncia existe cuando presentada la demanda ante un órgano judicial, el demandado no opone la excepción de existencia de un convenio de mediación. El órgano judicial deberá resolver esta excepción corriendo traslado a la otra parte y exigiendo a los litigantes la prueba de sus afirmaciones en el término de 3 días contados desde la notificación. Si prospera esta excepción deberá ordenarse el archivo de la causa; caso contrario se sustanciará el proceso según las reglas generales;
• b) A solicitud de las partes o de una de ellas; y,
• c) Cuando el juez ordinario disponga en cualquier estado de la causa, de oficio o a petición de parte, que se realice la audiencia de mediación ante un centro de mediación, siempre que las partes lo acepten. Si dentro del término de 15 días contados desde la recepción por parte del centro de la notificación del juez, no se presenta el acta que contenga el acuerdo, continuará la tramitación de la causa, a menos que las partes comuniquen por escrito al juez su decisión de ampliar dicho término.

Art. 47.- El procedimiento de mediación concluye con la firma de un acta en la que consta el acuerdo total o parcial, o en su defecto, la imposibilidad de lograrlo. En caso de lograrse el acuerdo, el acta respectiva contendrá, entre otros, la relación de los hechos que originaron el conflicto, la descripción clara de las obligaciones a cargo de cada una de las partes y contendrá las firmas o huellas digitales de las partes y la firma del mediador. Por la sola firma del mediador se presume que el documento y las firmas contenidas en él son auténticas. El acta de mediación en que consta el acuerdo tiene efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la ejecución acepte excepción alguna, salvo las que se originen con posterioridad a la suscripción del acta de mediación. Si el acuerdo fuere parcial, las partes podrán discutir en juicio únicamente las diferencias que no han sido parte del acuerdo. En el caso de que no se llegue a ningún acuerdo, el acta de imposibilidad firmada por las partes que hayan concurrido a la audiencia y el mediador podrá ser presentada por la parte interesada dentro de un proceso arbitral o judicial, y ésta suplirá la audiencia o junta de mediación o conciliación prevista en estos procesos. No obstante, se mantendrá cualquier otra diligencia que deba realizarse dentro de esta etapa en los procesos judiciales, como la contestación a la demanda en el juicio verbal sumario. En los asuntos de menores y alimentos, el acuerdo al que se llegue mediante un procedimiento de mediación será susceptible de revisión por los jueces, conforme con los principios generales contenidos en las normas del Código de Menores y otras leyes relativas a los fallos en estas materias.

Art. 48.- La mediación prevista en esta ley podrá llevarse a cabo válidamente ante un mediador de un centro o un mediador independiente debidamente autorizado. Para estar habilitado para actuar como mediador independiente o de un centro, en los casos previstos en esta ley, deberá contar con la autorización escrita de un centro de mediación. Esta autorización se fundamentará en los cursos académicos o pasantías que haya recibido el aspirante a mediador. El centro de mediación o el mediador independiente tendrá la facultad para expedir copias auténticas del acta de mediación.

Art. 49.- Quien actúe como mediador durante un conflicto queda inhabilitado para intervenir en cualquier proceso judicial o arbitral relacionado con el conflicto objeto de la mediación, ya sea como árbitro, abogado, asesor, apoderado o testigo de alguna de las partes. Ad+ por ningún motivo podrá ser llamado a declarar en juicio sobre el conflicto objeto de la mediación.

Art. 50.- La mediación tiene carácter confidencial. Los que en ella participen deberán mantener la debida reserva. Las fórmulas de acuerdo que se propongan oವಿಶ್ವ no incidirán en el proceso arbitral o judicial subsiguiente, si tuviere lugar. Las partes pueden, de común acuerdo, renunciar a la confidencialidad.

Art. 51.- Si alguna de las partes no comparece a la audiencia de mediación a la que fuere convocada, se señalará fecha para una nueva audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna de las partes no comparece, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad de mediación.

Art. 52.- Los gobiernos locales de naturaleza municipal o provincial, las cámaras de la producción, asociaciones, agremiaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro y, en general, las organizaciones comunitarias, podrán organizar centros de mediación, los cuales podrán funcionar previo registro en el Consejo Nacional de la Judicatura. La comprobación de la falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley y su reglamento, por parte de un centro de mediación dará lugar a la cancelación del registro y su prohibición de funcionamiento.

Art. 53.- Los centros de mediación que se establecieren deberán contar con una sede dotada de elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo a las audiencias. Los centros que desarrollen actividades de capacitación para mediadores deberán contar con el aval académico de una institución universitaria.

Art. 54.- Los reglamentos de los centros de mediación deberán establecer, por lo menos:

• a) La manera de formular las listas de mediadores y los requisitos que deben reunir, las causas de exclusión de éstos, los trámites de inscripción y forma de hacer su designación para cada caso;
• b) Tarifas de honorarios del mediador, de gastos administrativos y la forma de pago de éstos, sin perjuicio de que pueda establecerse la gratuidad del servicio;
• c) Forma de designar al director, sus funciones y facultades;
• d) Descripción del manejo administrativo de la mediación; y,
• e) Un código de ética de los mediadores.

Art. 55.- La conciliación extrajudicial es un mecanismo alternativo para la solución de conflictos. Para efectos de la aplicación de esta ley se entenderán a la mediación y la conciliación extrajudicial como sinónimos.

Art. 56.- Los jueces ordinarios no podrán ser acusados de prevaricato, recusados, ni sujetos a queja por haber propuesto fórmulas de arreglo entre las partes en las audiencias o juntas de conciliación.

Art. 57.- En caso de no realizarse el pago de los honorarios y gastos administrativos conforme a lo establecido en la ley y el reglamento del centro de mediación, éste quedará en libertad de no prestar sus servicios.