Sistema de Asistencia y Servicios Sociales en España: Cobertura, Prestaciones y Colectivos Protegidos

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Asistencia Social y Servicios Sociales: Marco Legal y Prestaciones

6.1. Asistencia Social

La asistencia social, en un sentido amplio, se circunscribe al concepto de asistencia o beneficencia pública. El actual Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS) prevé que se dispensen a las personas incluidas en su campo de aplicación y a sus familiares los servicios y auxilios económicos que, en atención a estados y situaciones de necesidad, se consideren precisos. No obstante, existe un límite: la necesidad de demostrar el estado de necesidad, salvo en los casos de urgencia.

En el TRLGSS, al regular la Comisión de Prestaciones Especiales como órgano competente para otorgar los beneficios de la Reserva de Asistencia Social que tenga establecidos la mutua colaboradora con la Seguridad Social a favor de quienes hayan sufrido un Accidente de Trabajo (AT) o Enfermedad Profesional (EP), incluidos sus derechohabientes, se concretan las siguientes prestaciones:

  • Tratamientos e intervenciones especiales, en casos de carácter excepcional, por un determinado facultativo o institución.
  • Prestaciones económicas para compensar la pérdida de salarios como consecuencia de la rotura fortuita de aparatos de prótesis.
  • Cualesquiera otras análogas cuya percepción no esté regulada en esta ley.

Es importante destacar que la aplicación del Sistema de Seguridad Social en el ámbito de los servicios sociales y de la asistencia social es prácticamente residual, salvo en el Régimen Especial del Mar, ya que las competencias corresponden a las Comunidades Autónomas (CCAA) conjuntamente con los Ayuntamientos, y son estos entes los que fijan los diversos programas asistenciales.

6.2. Servicios Sociales

El Decreto 2065/1974 distinguía cuatro Servicios Sociales que se han visto modificados en los siguientes términos:

  • El Servicio Social de Seguridad e Higiene en el Trabajo se convirtió en organismo autónomo, creándose el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, dentro del cual se debe entender incluido el Servicio Social de Medicina Preventiva.
  • El Servicio de Acción Formativa quedó integrado en el Instituto Nacional de Empleo (hoy Servicio Público de Empleo Estatal - SEPE).
  • El Servicio de Recuperación de Inválidos quedó integrado en el INSERSO (Instituto Nacional de Servicios Sociales), sin olvidar el traspaso de tales competencias a las CCAA, lo que ha llevado a la creación del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). El IMSERSO queda adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Los Servicios Sociales dirigen su acción básicamente a los siguientes colectivos:

Personas con Discapacidad Física y Psíquica

A los efectos de la aplicación del TRLGSS, se entenderá que están afectadas por una discapacidad en un grado igual o superior al 65% aquellas personas que judicialmente hayan sido declaradas incapaces. Las prestaciones consisten en:

  1. Centros para personas con discapacidad, con instalaciones adecuadas para realizar los tratamientos necesarios.
  2. Prestaciones económicas. Sigue existiendo el Subsidio de movilidad y gastos de transporte para personas con discapacidad igual o superior al 33%.

Personas Mayores

La Constitución Española (CE) prevé la promoción por parte de los poderes públicos del bienestar de los ciudadanos de la tercera edad, mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Los beneficiarios de tales medidas son los pensionistas de jubilación, incapacidad permanente o viudedad, que hayan cumplido los sesenta años o se encuentren en situación de Incapacidad Permanente Absoluta (IPA) o Gran Invalidez.

Asistencia a Inmigrantes y Refugiados

Las funciones que tenía asignadas el IMSERSO en este ámbito han sido asumidas por la Secretaría General de Inmigración y Emigración. En cumplimiento del mandato constitucional, se ha aprobado la conocida «Ley de Dependencia», en la que se reconoce un auténtico derecho subjetivo por el que las personas en situación de dependencia tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios que contempla la ley. Las prestaciones derivadas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se encuentran fuera del Sistema de Seguridad Social.

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