Reparto de competencias educativas entre el Estado y las Comunidades Autónomas

Distribución de Competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en Materia Educativa

La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se establece en los artículos 148 y 149 de la Constitución Española.

Artículo 148: Competencias de las Comunidades Autónomas

El artículo 148 establece las competencias que pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas.

Artículo 149: Competencias Exclusivas del Estado

El artículo 149 recoge las competencias exclusivas del Estado. En particular, el artículo 149.1.30ª establece como competencia exclusiva del Estado:

• La regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales.
• Las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

Dentro de estas normas básicas, se incluyen las que se refieren a la ordenación general del sistema educativo. Estas normas deberán tener rango legal y, en su caso, orgánico.

Sentencia del Tribunal Constitucional

La sentencia del Tribunal Constitucional del 13 de febrero de 1981 enumera una serie de materias que, a juicio del tribunal, quedarían dentro de la competencia del Estado, entre otras:

• Clasificación y denominación de los distintos tipos de centros.
• Fijación de las características generales del claustro de profesores y del consejo de dirección del centro.
• Fijación de las funciones de los directores de los centros.
• Requisitos mínimos de titulación del profesorado.
• Relación numérica alumno-profesor.

Transferencias a las Comunidades Autónomas

A pesar de esta previsión constitucional, existe la voluntad de atribuir la ejecución de la normativa a las Comunidades Autónomas. De esta manera, a través de decretos de transferencia, se traspasan a las Comunidades Autónomas determinados servicios y funciones ejecutivas, como por ejemplo:

• La elaboración de planes y programas de enseñanza que vayan más allá de los mínimos fijados por el Estado.
• En cuanto a los requisitos del personal docente, aunque se mantiene una uniformidad en todo el Estado, es la Administración estatal quien fijará las condiciones básicas de las oposiciones y concursos, correspondiendo a las Comunidades Autónomas realizar la convocatoria específica y aquellas pruebas complementarias que estimen oportunas.