Derecho Mercantil: Nacionalidad, domicilio y tipos de sociedades mercantiles en España

Nacionalidad y domicilio de las sociedades mercantiles

2.ª Nacionalidad y domicilio

Artículo 203 del Código de Comercio (en cuanto al domicilio de las sociedades mercantiles): «La sociedad mercantil tiene domicilio en el lugar que determina el contrato constitutivo de la sociedad y, a falta de esta designación, el lugar de su establecimiento principal.»

Diferenciar ahora entre sociedades capitalistas y personalistas en cuanto a la nacionalidad de las sociedades mercantiles:

Nacionalidad de las sociedades de capital (sociedades capitalistas)

Artículo 8: nacionalidad y ley aplicable a las sociedades de capital (sociedades capitalistas): «Serán españolas y se regirán por la presente Ley todas las sociedades de capital que tengan su domicilio en territorio español, cualquiera que sea el lugar en que se hubieran constituido.»

En las sociedades capitalistas la nacionalidad viene determinada por su domicilio social. Se entiende por domicilio la situación de su principal centro de administración, dirección o gestión (sede de dirección efectiva), con independencia de donde haya sido constituida la sociedad.

Si se traslada el domicilio social de España a otro país, la sociedad pierde la nacionalidad española, adquiriendo la nacionalidad del país de destino (teniendo en cuenta también la legislación de este).

Existe una posibilidad de mantener la nacionalidad española incluso trasladando el domicilio social a otro país: si España tiene tratado o convenio internacional con el país de destino en el que se especifique el mantenimiento de la nacionalidad aun teniendo domicilio social en ese país.

Nacionalidad de las sociedades personalistas

Artículo 28 del Código Civil (nacionalidad de las sociedades personalistas)

«Las corporaciones, fundaciones y asociaciones reconocidas por la ley y domiciliadas en España gozarán de la nacionalidad española siempre que tengan el concepto de personas jurídicas, con arreglo a las disposiciones del presente Código.

Las asociaciones domiciliadas en el extranjero tendrán en España la consideración y los derechos que determinen los tratados o leyes especiales.»

Las sociedades mercantiles de tipo personalista responden al llamado criterio mixto constitución-domicilio. Las sociedades domiciliadas en España serán de nacionalidad española si además cumplen los requisitos legales exigidos para constituirse como persona jurídica, que son dos: estar domiciliadas en España y haber sido constituidas conforme a la legislación española.

Requisitos para constituir una sociedad colectiva

3.ª Requisitos para constituir la sociedad colectiva

Artículo 119 del Código de Comercio: «Toda compañía de comercio, antes de dar principio a sus operaciones, deberá acreditar su constitución, pactos y condiciones en escritura pública que se presentará para su inscripción en el Registro Mercantil, conforme a lo dispuesto en el artículo 17. A las mismas formalidades quedarán sujetas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25, las escrituras adicionales que de cualquier manera modifiquen o alteren el contrato primitivo de la compañía. Los socios no podrán acordar pactos reservados, sino que todos deberán constar en la escritura social.»

El artículo 125 del Código de Comercio establece el contenido mínimo de la escritura de constitución de la sociedad colectiva, que deberá expresar:

1. Nombre, apellidos y domicilio de los socios.
2. Razón social.
3. Capital social. El capital que cada socio aporte en dinero efectivo, crédito o efectos, con expresión del valor que se da a estos, o de las bases sobre que haya de hacerse el avalúo.
4. Duración. Debe constar el tiempo por el que la compañía se constituye. No obstante, será válido indicar que se crea por tiempo indefinido.
5. Nombre, apellidos y domicilio de aquellos socios que vayan a asumir la administración de la sociedad, así como, en su caso, la retribución que se les asigne.
6. Pactos sociales. Los socios podrán acordar constar en la escritura pública de constitución todos aquellos pactos lícitos y condiciones que estimen necesarios.

La figura del socio industrial

4.ª El socio industrial

En contraposición con el socio capitalista, es aquel socio que aporta a la sociedad servicios y conocimientos técnicos, científicos o artísticos y que, como tal, tiene derecho a participar en el reparto futuro de los beneficios.

Los socios industriales, por tanto, aportan servicios personales y, de acuerdo con esto, se les reconoce en el momento de la repartición de utilidades, es decir, no reciben utilidad de acuerdo a la proporción que hayan aportado al capital social, sino que se les participa efectivamente con actividades comerciales, industriales o de servicios dentro de la misma, por lo que deberá constar en actas que existe un socio industrial.

Al mismo tiempo, al socio industrial no se le imputarán, como regla general, las pérdidas sociales, a no ser que exista pacto expreso en sentido contrario, en cuyo caso quedará obligado a ello.

El incumplimiento de la obligación de aportación por parte del socio es causa de su exclusión de la sociedad.

Relaciones externas en la sociedad colectiva

5.ª Relaciones externas en la sociedad colectiva

La sociedad que gira bajo una razón social se relaciona con terceros a través de sus representantes, que serán los que se consignen en la escritura, a quienes se autoriza a usar la «firma social» (sus arts. 125.4, 127, 128 y 132).

El artículo 128 sostiene el principio de que no todo socio tiene el ejercicio de la representación. Así, a falta de pacto, todos los socios son administradores o, solo, serán representantes los debidamente autorizados.

Si no tienen autorización, no obligan a la sociedad.

Ámbito de representación: dicho ámbito tiene un contenido rígido que alcanza a todo lo que entra en el giro o tráfico de la empresa.

Abuso de la firma social: existe abuso de la firma social cuando la «usan» socios no autorizados. En este caso, la sociedad no queda obligada y la responsabilidad civil o penal recae sobre sus autores (art. 128 CCo).

También hay abuso (art. 144 del Código Civil) cuando usa la firma el socio autorizado con o en intereses propios.

A diferencia del caso anterior, los negocios así concluidos no son eficaces y no obligan a la sociedad o están prohibidos. El artículo 135 establece como sanción que si ellos se benefician, sean para la sociedad.

También se establece la posibilidad de rescisión del contrato por el socio administrador infractor.

Al mismo tiempo, se proclama la obligación de reintegrar los fondos utilizados y de indemnizar daños y perjuicios al abrir, utilizado el nombre de la sociedad sin permiso de esta.

Derechos del socio comanditario

6.ª Derechos del socio comanditario

Son aquellos socios que se limitan a aportar capital a la sociedad y estar a los resultados de sus operaciones, sin que puedan intervenir en acto alguno de administración ni incluir su nombre en la razón social, bajo sanción de quedar sujetos al mismo régimen de responsabilidad que los socios administradores.

Los derechos de los socios comanditarios se limitan en cuanto a la participación en la vida social a tomar parte en la adopción de acuerdos que afecten a la propia sociedad y excedan del ámbito de la mera administración, o que supongan modificación del contrato constitutivo, aunque nada prevé en este sentido el Código de Comercio, y así ha sido señalado por la doctrina.

En este sentido, el artículo 212 del Reglamento del Registro Mercantil dispone que, salvo pacto en contrario, la modificación del contrato social necesitará el consentimiento de todos los socios colectivos. Respecto a los socios comanditarios, estará a lo dispuesto en el contrato social. El artículo 210 del Reglamento del Registro Mercantil establece la previsión en la inscripción de la sociedad comanditaria del régimen de adopción de acuerdos sociales, sin cuyo requisito no podrá hacerse la inscripción. Régimen que deberá contemplar la concurrencia de los socios comanditarios a la adopción de aquellos acuerdos que les afecten.

Les corresponde participar en las ganancias y en la cuota de liquidación pactada en caso de que se proceda a la disolución de la sociedad.

No abiendo determinado en el contrato de compañía la parte correspondiente a cada socio en las ganancias, se dividirán estas a prorrata de la porción de interés que cada cual tuviere en la compañía. Pueden examinar la situación social solo en la forma prevista en el contrato de constitución y en su defecto al final del año mediante exhibición del balance y documentos necesarios para comprobarlo que serán expuestos durante el plazo mínimo de 15 días.

Diferencias entre capital social y patrimonio social

7.ª ¿Qué diferencias hay entre capital social y patrimonio social?

El capital social se configura con base en las aportaciones de los socios, y pueden ser dinerarias o no dinerarias. El patrimonio social se refiere al conjunto de derechos y obligaciones de valor pecuniario que pertenecen a la sociedad.

Así, en el momento de fundación de la sociedad, el capital social y el patrimonio social suelen coincidir. Una vez que la sociedad ha nacido y entra en funcionamiento, los acontecimientos de la actividad de la sociedad van a repercutir directamente en su patrimonio social, aumentándolo o disminuyéndolo, dependiendo de si la sociedad funciona mejor o peor en los negocios o actividad que desarrolla, y en función de ello tenga ganancias o pérdidas. Mientras que el capital social permanece en principio invariable y ajeno al resultado de la actividad desarrollada por la sociedad, y solo podrá variar en función del aumento o reducción de dicho capital que se pueda acordar por la sociedad de acuerdo con las formalidades legales requeridas.

No obstante, lo anterior, existe una relación entre capital social y patrimonio social, y esa relación sirve de indicativo de la situación económica de la sociedad. Así, si el patrimonio social se supera al capital social, podrá decirse que la sociedad se encuentra en una situación más sólida. Si, al contrario, esta está por debajo del capital social, significará que las pérdidas en los negocios han absorbido parte de los fondos que los socios aportaron en la constitución de la sociedad y que eran el capital social de la empresa. Si las pérdidas dejan el patrimonio de la sociedad reducido a una cifra inferior a la mitad de su capital social, la entidad entrará en causa de disolución legal, a menos que el capital social se aumente o reduzca en la medida suficiente para su equilibrio.

Prestaciones accesorias

8.ª Prestaciones accesorias

Las prestaciones accesorias son obligaciones adicionales que algunos o todos los socios voluntariamente asumen frente a la sociedad y que obligatoriamente tienen que regularse en los estatutos de la sociedad, expresando su contenido concreto, y si las mismas son gratuitas o a cambio de una retribución. Con ellas se pretende principalmente obtener una mayor implicación de los socios en la sociedad.

En relación a las prestaciones accesorias, en la SL, con independencia de las aportaciones que integran el capital social, es posible que en los estatutos sociales se establezcan prestaciones de carácter accesorio. Es decir, los socios pueden acordar en los estatutos que algunos (o todos los socios) realicen determinadas prestaciones a favor de la sociedad. Obligaciones de contenido económico que se acreditan a la sociedad y que forman parte del patrimonio social y no del capital.

La transmisión voluntaria de cualquier participación que yeva aparejada la obligación de realizar prestaciones accesorias queda condicionada a la autorización de la sociedad.

Derecho de suscripción preferente

9.ª Derecho de suscripción preferente

Se trata de un derecho básico de cualquier socio de la sociedad anónima (SA) que le posibilita acudir, con carácter preferente, a la ampliación de capital con aportaciones dinerarias de forma proporcional a su participación en el capital de la sociedad. Está basado en el artículo 93 b).

En el que se dice que el socio tendrá el derecho de asunción preferente (SL) en la creación de nuevas participaciones o el derecho de suscripción preferente (SA) en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones.

Se trata de un derecho potestativo. El plazo para su ejercicio está plasmado en el artículo 305 de la LSC y no dice que el plazo fijado por la administración nunca debe ser inferior al mes desde la publicación del anuncio de la oferta de suscripción en el BORME.

En el caso del derecho de preferencia, nos fijamos en el artículo 306: «en las sociedades anónimas los derechos de suscripción preferente serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan.»

Régimen jurídico de las acciones sin voto

10.ª Régimen jurídico de las acciones sin voto

Las acciones sin voto son acciones que carecen de uno de los derechos tradicionales del socio: no tienen el derecho de ejercer el voto en la junta general, que es lo que dirigen los destinos de la sociedad. Sin el voto de estas participaciones, los restantes socios podrán adoptar acuerdos y operar en el tráfico e incluso podrán acordar la disolución y liquidación de la sociedad.

Está basado en el artículo 98 de la LSC: «Las sociedades de responsabilidad limitada podrán crear participaciones sociales sin derecho de voto, con un importe nominal no superior a la mitad del capital, y las sociedades anónimas podrán emitir acciones sin derecho de voto, con un importe nominal no superior a la mitad del capital social desembolsado.» Además, encontramos derechos y privilegios de sus titulares en los artículos 99 a 102 de la LSC.

Los titulares de participaciones sociales y las acciones sin voto tendrán derecho a percibir un dividendo anual mínimo fijo o variable que establezcan los estatutos sociales. Una vez acordado el dividendo mínimo, sus titulares tendrán derecho al mismo dividendo que corresponda a las participaciones sociales o a las acciones ordinarias.

De no existir beneficios distribuibles o de no abrirlos en cantidad suficiente, la parte del dividendo mínimo no pagada deberá satisfacerse dentro de los 5 ejercicios siguientes. Mientras no se satisfaga el dividendo mínimo, las participaciones y acciones sin voto tendrán ese derecho en igualdad de condiciones que las ordinarias y conservando sus ventajas económicas.

Las participaciones sociales y las acciones sin voto no se verán afectadas por la reducción del capital social por pérdidas de cualquier clase que se realice, siempre que la reducción supere el valor nominal de los restantes. Si como consecuencia de la reducción el valor nominal de las participaciones sociales o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social, o del desembolso de la sociedad, deberá restablecerse su proporción en el plazo máximo de 2 años. En caso contrario, procederá la disolución de la sociedad.

Las prestaciones accesorias en la SA no son diferentes de las aportaciones al capital social. Al no quedar integradas en el capital (art. 58.2 y 86.2 LSC), se trata generalmente de la prestación de ciertos servicios (trabajo o industria) de los socios a la sociedad, previa previsión estatutaria sobre su régimen y naturaleza.

Convocar la junta general en la sociedad anónima

11.ª Convocar la Junta General en la sociedad anónima

La Junta General será convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad. En caso de liquidación (art. 166 LSC) podemos distinguir entre derecho y deber de convocar:

Los administradores tienen la facultad de convocar las juntas extraordinarias cuando lo consideren necesario o conveniente para los intereses sociales (art. 167). Sin embargo, están obligados a hacerlo tanto en el caso de juntas generales ordinarias como en las extraordinarias en dos supuestos:

• En las fechas o plazo determinado por la ley o por los estatutos (art. 167) y cuando lo solicite uno o varios socios titulares de al menos el 5% del capital social, porcentaje reducible por los estatutos (art. 168), convocando la junta en el 2.º caso en el plazo de los 2 meses siguientes a la fecha del requerimiento notarial de dicha minoría.

En casos especiales puede también convocar el Secretario judicial o el Registrador mercantil del domicilio social, previa audiencia de los administradores (cuando sea posible) y a solicitud de cualquier socio en 3 casos (art. 169 LSC):

1. Cuando la junta ordinaria o prevista estatutariamente no hubiese sido convocada por los administradores en el plazo legal o estatutario.
2. Cuando el 5% del capital social haya solicitado (sin éxito) de los administradores la convocatoria de la junta general extraordinaria.
3. Por muerte o cese del administrador único o de todos los administradores solidarios o de alguno de los mancomunados o de la mayoría de los miembros del consejo de administración, no habiendo suplentes (art. 171 LSC).

Quórum de constitución

12.ª Quórum de constitución: quórum ordinario (art. 193 LSC): Al menos el 25% del capital social suscrito con derecho a voto en 1.ª convocatoria (los estatutos pueden establecer un quórum superior sin llegar a la unanimidad, art. 194.3). En 2.ª convocatoria, cualquiera que sea el capital concurrente (los estatutos pueden establecer un quórum superior siempre que no alcance lo previsto legal o estatutariamente en 1.ª convocatoria).

Quórum reforzado (art. 194 LSC): Para la adopción de determinados acuerdos será necesaria la concurrencia en 1.ª convocatoria de socios que representen el 50% del capital social. Estos acuerdos son: aumento o reducción de capital, modificación de estatutos, emisión de obligaciones, supresión o limitación del derecho de suscripción preferente, transformación, fusión, escisión o cesión global de activo y pasivo, traslado del domicilio al extranjero.

Para estas mismas materias en 2.ª convocatoria bastará con la concurrencia del 25% del capital social. Los estatutos podrán elevar los quórums previstos en los dos apartados anteriores siempre que la de la segunda sea inferior al de la primera.

Mayoría legal ordinaria: Mayoría de votos (más votos a favor que en contra) siempre que represente como mínimo 1/3 del capital social. A lo anterior cabe añadir que no se computarán los votos en blanco.

Mayoría legal reforzada: + del 50% del capital social para el aumento y reducción de capital o la modificación de los estatutos sociales.

Al menos 2/3 del capital social para adoptar los siguientes acuerdos: autorización a los administradores para que desarrollen actividades concurrentes con las actividades de la sociedad, supresión o limitación del derecho de preferencia en los aumentos de capital, transformación, fusión o escisión de la sociedad y cesión global de activo y pasivo, traslado del domicilio al extranjero y exclusión de socios.

Mayoría estatutaria reforzada: Los estatutos podrán establecer mayorías superiores a las legalmente establecidas (nunca inferiores) sin llegar a la unanimidad.

Auditoría de cuentas

13.ª ¿Auditoría de cuentas?

Se entiende por auditoría de cuentas la actividad consistente en la revisión y verificación de documentos contables siempre que aquella tenga por objeto la emisión de un informe que pueda tener efectos frente a terceros.

La auditoría de cuentas anuales consistirá en verificar y dictaminar si dichas cuentas expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la empresa o entidad auditada, así como del resultado de sus operaciones y los recursos obtenidos y aplicados en el periodo examinado, de acuerdo con el Código de Comercio y demás legislación que le sea aplicable. También comprenderá la verificación y la verificación de la concordancia del informe de gestión de dichas cuentas.

Tanto la auditoría de las cuentas y del informe de gestión como cualquier otro trabajo de revisión o verificación contable tendrá que ser realizado necesariamente por un auditor de cuentas mediante la emisión del informe correspondiente y con sujeción a los requisitos y formalidades establecidos en la ley.

la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas. Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, aprobando el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, Artículo 202.

La ley que establecía quién debía pasar la auditoría de cuentas es la Ley de Sociedades de Capital. Las sociedades que deben auditar las cuentas anuales son aquellas que no presentan el balance abreviado. Las sociedades que están exentas de la auditoría de cuentas son las que no superan dos de los 3 límites siguientes durante al menos 2 ejercicios consecutivos:

• Cuando el total de sus activos supere los 2.850.000 euros.
• Cuando el importe de la cifra de negocios supere los 5.700.000 euros.
• Cuando el número medio de trabajadores durante el ejercicio supere los 50.

Adicionalmente al tamaño existen otros criterios de acuerdo con el Reglamento de Auditoría (RD 1517/2011) que acn obligatoria la auditoría de cuentas y que son los siguientes:

• Cuando durante 1 ejercicio social reciba subvenciones o ayudas con cargo a presupuestos de administraciones públicas o fondos de la Unión Europea por importe acumulado total de 600.000 euros.
• Las entidades que realicen contratos con administraciones públicas que superen los 600.000 euros y estos representen más del 50% de la cifra de negocios.
• Determinadas fundaciones que superen en el cierre del ejercicio 2 de los parámetros siguientes: 2,4 millones de euros de activos; actividad mercantil superior a 2,4 millones de euros; cuando el número medio de empleados supere 50.
• Determinadas cooperativas de viviendas.
• Las cooperativas de crédito.
• Entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación.
• Entidades que emitan obligaciones en oferta pública.
• Entidades que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera.
• Entidades que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta al Texto Refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
• Entidades en las que se incluyan en sus estatutos la obligación de auditar o por petición en el Registro Mercantil o por mandato judicial.

Si son varios los socios concurrentes interesados en adquirirlas se distribuirán las participaciones entre todos ellos a prorrata de su participación en el capital social.

Particularidades de la S.r.l. frente a la S.A.

15.ª ¿Qué particularidades nos ofrece el régimen de la S.R.L. frente a la S.A. en lo que respecta a las aportaciones al capital social?

Las sociedades anónimas (SA) y las sociedades de responsabilidad limitada (SL) son dos de las formas jurídicas más extendidas en el mundo empresarial. Ambas sociedades se encuadran dentro de las sociedades capitalistas que se caracterizan por la aportación de capital y no por las características personales de los socios.

En el caso de la SL: el capital está dividido en participaciones que son partes iguales, acumulables e indivisibles del capital de la sociedad de responsabilidad limitada y que no pueden incorporarse a títulos negociables; su transmisión está restringida (no se libre) y no pueden denominarse acciones. El capital mínimo debe ser de 3.000 euros y en el momento de la constitución de la sociedad debe estar totalmente suscrito y desembolsado. Este capital puede ser en metálico, bienes o derechos, siendo necesario disponer de la valoración de los bienes aceptada por todos los socios fundadores.

Por el contrario, en el caso de la SA: el capital social mínimo de constitución es de 60.000 euros. El capital está dividido en acciones nominativas o al portador. Los tipos de sociedades se pueden crear mediante fundación simultánea (se suscriben todas las acciones en el momento de la creación) o sucesiva (las acciones se van suscribiendo de forma sucesiva).

En el momento de la constitución el capital debe estar totalmente suscrito y desembolsado en al menos 25%. Las cantidades pendientes de desembolso se nominan dividen pasivos y se abonan posteriormente según lo acordado.

Diferencias fundamentales de la junta general

16.ª Señala las diferencias fundamentales de la Junta General (convocatoria, constitución, desarrollo, adopción de acuerdos, etc.) de la S.r.l. respecto a la S.A.

Respecto a la S.A.:

• La convocatoria a través de medio de publicación en el BORME y prensa (art. 97 LSA).
• Plazo de convocatoria: al menos 1 mes antes de su celebración (art. 97 LSA).
• Puede exigirse estatutariamente un número de acciones para poder asistir a la junta, no superior al 1/mil del capital social (art. 105.1 LSA).
• Representación: en cualquier caso, aunque los estatutos pueden limitarla y exigir que sea a otro accionista, salvo que el representante sea cónyuge, ascendiente o descendiente del representado o tenga poder general para administrar los bienes que tenga en territorio nacional. Si los estatutos lo disponen puede conferirse la representación o votar a través de correspondencia postal, electrónica o cualquier otro medio de comunicación a distancia (arts. 105.4, 106 y 108 LSA).
• No se regula la prohibición del derecho de voto en conflicto de intereses.
• La solicitud por parte de accionistas del levantamiento del acta notarial de la junta general que recoja la titularidad de acciones representativas del 1% del capital social (art. 114 LSA).

En lo que respecta a la SL:

• Posibilidad de elección entre varios sistemas de convocatoria (individual o conjunta) (art. 46 LSRL).
• Plazo de convocatoria de junta: 15 días (art. 46.3 LSRL).
• No puede exigirse estatutariamente un número de participaciones que limite la asistencia a la junta (art. 49.1 LSRL).
• Representación: salvo que los estatutos establezcan otra cosa, solo cabe a través del cónyuge, ascendiente o descendiente del representado o quien tenga poder general para administrar los bienes que tenga en territorio nacional. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones de las que sea titular el socio representado y deberá conferirse por escrito.

Si no constar en documento público deberá ser especial para cada junta (art. 49 LSRL).

• Prohibición de voto en caso de socio con conflicto de intereses (art. 52.1 LSRL).
• La solicitud por parte de socios del levantamiento del acta notarial de la junta general que recoja la titularidad de participaciones representativas del 5% del capital social (art. 55 LSRL).

Formas de organizar la administración en la S.A. y en la S.r.l.

17.ª Indica cuáles son las formas de organizar la administración en una S.A. y en una S.r.l.

Como regla general, la vigente Ley de Sociedades de Capital prevé diversas formas entre las que se puede elegir para organizar la administración de la S.A. o SL:

• 1 administrador único.
• Varios administradores que actúen de forma solidaria. Esto significa que los administradores pueden realizar por sí mismos y de manera individual cuantos actos negocios jurídicos y operaciones mercantiles sean de competencia del órgano de administración sin firma ni autorización del resto de administradores solidarios.
• Varios administradores que actúen de forma conjunta (o mancomunada). Esta forma de organización implica que necesariamente, para suscribir actos negocios jurídicos y operaciones mercantiles de su competencia, los administradores necesitarán la concurrencia y autorización del resto de administradores mancomunados.
• 1 consejo de administración. De forma específica y con sus correspondientes particularidades:

- En la SA cuando la administración conjunta se atribuye a 2 administradores estos actuarán por imperativo legal de forma mancomunada. Si la administración conjunta se atribuye a + de 2 administradores obligatoriamente tendrá la forma de consejo de administración.

Estas cautelas legales que suponen en definitiva la mayor dispersión del poder de administración existen en las SA y no en las SL. Ello debe al legislador considerar a priori a la SA un tipo societario de carácter abierto y enfocada a atener el mayor número de socios que su «prima hermana» la SL.

- En la SL pueden fijarse en los estatutos distintas formas de administrar la sociedad de entre las legalmente previstas, para que se disponga la junta general de socios la que decida la una de ellas (sin necesidad de modificar en ello los estatutos sociales).

Tal posibilidad no cabe en la SA en la que el cambio de órgano de administración exigirá la modificación de estatutos sociales con escrupuloso respeto de todos los requisitos y procedimiento que en ello conlleva (tipo de quórum para adoptar el acuerdo de modificación estatutaria, etc.).

Mientras que las participaciones tienen ciertas limitaciones en cuanto a su compra venta, las acciones son inversión de renta variable ya que el retorno depende del funcionamiento de la empresa, mientras que las participaciones son una inversión de renta anual fija.

Transformación de sociedades

19.ª La transformación de sociedades.

La transformación deberá ser acordada necesariamente por la junta de socios.

1. Convocatoria de dicha junta y obligaciones (informes) de los administradores. Con carácter previo a esta votación, los administradores al convocar la junta deberán poner a disposición de los socios la siguiente serie de informes:
   1. Informe de los administradores, que explique y justifique los aspectos jurídicos y económicos de la transformación e indique las consecuencias que tendrá para los socios.
   2. Balance de la sociedad a transformar, cerrado dentro de los 6 meses anteriores a la fecha prevista para la reunión.
   3. Informe del auditor de cuentas, en su caso, sobre el balance presentado.
2. Acuerdo de la junta de socios. El acuerdo de transformación se adoptará con los requisitos y formalidades establecidos en el régimen de la sociedad que se transforma. El acuerdo deberá incluir la aprobación del balance de la sociedad presentado (pudiendo introducir modificaciones), así como las mencio nes exigidas para la constitución de la sociedad cuyo tipo se adopte.

Publicidad del acuerdo. La ley exige la publicación del acuerdo tanto en el BORME como en uno de los diarios de gran circulación de la provincia del domicilio social. Como excepción se permite la notificación personal y escrita en determinados casos.