Desistimiento del Trabajador: Causas, Requisitos y Efectos
La Facultad de Desistimiento del Trabajador
La libre facultad de desistimiento del trabajador no solo prohíbe y declara nulos los arrendamientos de servicios celebrados de por vida (art. 1583 CC), sino que además otorga al trabajador la facultad de romper con la relación laboral en el momento en que lo desee. La institución de la dimisión, el único requisito que requiere es la notificación al empleador con un determinado preaviso (Art. 49.1.d) ET). Por lo tanto, se configura como una extinción unilateral ad nutum, sin que el trabajador tenga que alegar causa justificativa. Eso sí, la dimisión no da derecho al trabajador a percibir la prestación por desempleo.
Preaviso y Consecuencias de su Incumplimiento
El preaviso será el que señalen los convenios colectivos o las costumbres del lugar y, en su defecto, será de 15 días. De incumplirse este plazo, la extinción produce plenos efectos, pero el trabajador debe indemnizar a la empresa por los daños y perjuicios causados.
Formas de Declaración de la Dimisión
La declaración de dimisión puede producirse de forma escrita, verbal o por medios comportamentales, lo que suele conocerse como abandono contractual. La dificultad en estos casos radica en la interpretación de la voluntad del trabajador, pues hay comportamientos que pueden parecer de incumplimiento o de no prestación de servicios que pueden dar lugar a una interpretación errónea por el empleador de la conducta del trabajador.
Casos Especiales de Dimisión
- Jubilación voluntaria (art. 49.1.f) ET): Para estos casos, los convenios colectivos fijan el abono de ciertas cantidades.
- Extinción contractual por decisión de la trabajadora víctima de violencia de género que se ve obligada a abandonar el puesto de trabajo por ese motivo (art. 49.1.m) ET). Este se encuentra a medio camino entre la extinción voluntaria y la resolución causal:
- De un lado, se extingue por decisión unilateral y voluntaria.
- De otro, se vincula a una concreta circunstancia personal y además da derecho a percibir la prestación por desempleo (art. 208.1.1.e) LGSS), para lo que se exige aportar orden judicial de protección a favor de la víctima o el informe del Ministerio Fiscal (disp. adic. 42ª LGSS).