Inhabilitación absoluta, especial y suspensión de empleo o cargo público

Consecuencias Accesorias de la Condena: Inhabilitaciones y Suspensión

Inhabilitación Absoluta

La inhabilitación absoluta implica la pérdida definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que posea el penado, incluso si son electivos, y la incapacidad para obtenerlos, estos mismos u otros, durante el tiempo que dure la condena.

• La pérdida es definitiva: el condenado pierde su cargo público y no lo recupera una vez que termina la condena.
• Si desea recuperar el cargo, deberá volver a optar al mismo una vez finalizado el tiempo de condena.
• No puede optar a ningún cargo público durante la vigencia de la condena.

Inhabilitación Especial

La inhabilitación especial supone la pérdida definitiva del empleo o cargo público sobre el que recayere y los honores asociados. También conlleva la incapacidad de obtener dichos cargos y honores durante el tiempo que dure la condena.

• El juez determinará cuáles son los cargos y honores específicos sobre los que recae la inhabilitación.
• La diferencia fundamental con la inhabilitación absoluta es el objeto sobre el que recae la sanción.
• Normalmente, la inhabilitación especial afecta a los empleos, cargos públicos y honores que estén relacionados con el delito cometido.

La Suspensión de Empleo o Cargo Público

La suspensión de empleo o cargo público consiste en privar al penado del ejercicio de dicho cargo durante el tiempo que dure la condena, permitiéndole reintegrarse al servicio una vez finalizada esta.

• Durante el tiempo de condena, nada impide que el condenado pueda acceder a otro empleo o cargo público distinto.
• Parece lógico entender que en la sentencia deberá indicarse explícitamente el empleo o cargo público sobre el que recaerá la suspensión.

Consideraciones sobre Trabajos de Utilidad Pública

Existen ciertas condiciones relativas a la imposición de trabajos de utilidad pública, que deben ser tenidas en cuenta:

1. No pueden imponerse sin el consentimiento del penado, ya que lo contrario chocaría con la prohibición de trabajos forzados prevista en la Constitución Española (CE).
2. Consisten en la prestación de labores de utilidad pública no retribuidas.
3. La jornada laboral será de ocho horas como máximo.
4. Su ejecución vendrá supervisada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria.
5. Las labores no podrán atentar en ningún caso contra la dignidad del penado.
6. Las labores deberán ser facilitadas por la Administración. En épocas de crisis como la actual es difícil encontrar posibles labores.
7. Gozarán de las prestaciones de los penados en materia de Seguridad Social.
8. Los servicios sociales controlarán el cumplimiento de las labores del penado.