Normas jurídicas: características, jerarquía y vigencia en el derecho español

Normas jurídicas: características y ordenación

1. Concepto y características de las normas jurídicas

Las normas jurídicas son reglas de organización y comportamiento social cuya observancia forzosa puede ser impuesta coactivamente por el poder público. Sus características principales son:

• Obligatoriedad: su cumplimiento o incumplimiento es obligado.
• Coercibilidad: su cumplimiento puede ser impuesto coactivamente por los poderes públicos.
• Objeto de formulación: las normas deben ser formuladas para poder ser aplicadas.

Dado que las normas jurídicas pretenden la regulación de los comportamientos sociales, lo normal es que su formulación se dirija a la generalidad de los sujetos o a una categoría de sujetos sometidos a las normas, y no a un único sujeto.

• Generalidad: su destinatario es un universo amplio de personas, incluso todos los miembros de un grupo social.
• Privilegio: frente a las normas generales hay mandatos del poder público que se dirigen a uno o a unas pocas personas.
• Abstracción: los términos de la norma son abstractos, a menudo conceptuales, lo cual permite su aplicación a una gran cantidad de situaciones.

Las normas jurídicas son, en conclusión, obligatorias y coercibles, y suelen ser generales y abstractas.

2. La Constitución como norma jurídica

De los principios constitucionales básicos se encuentra implícito en la afirmación de que "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho". En este sentido, el artículo 9.1 CE proclama que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, todos los poderes públicos están sometidos a ella.

La Constitución tiene fuerza normativa: sus preceptos obligan, incluso al poder legislativo, que no es libre para ignorarlos. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y de la Constitución dimanan todos los poderes públicos.

3. Criterios de ordenación de las leyes

a) Principio de competencia

Cada órgano tiene atribuidas funciones respecto de asuntos diferentes. La potestad normativa se distribuye también de acuerdo con criterios de competencia entre los órganos dotados de ella. En base a este criterio se articulan las relaciones entre las leyes ordinarias y las orgánicas. Mediante la reserva de ley se exige que una norma con rango legal regule determinadas materias. En consecuencia, esas materias no pueden ser reguladas por normas reglamentarias, sino que exigen la intervención del poder legislativo.

b) Principio de jerarquía

Existe una gradación jerárquica de normas. La norma superior es la Constitución; en el segundo escalón se sitúan las leyes (tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas); en el tercer escalón, los reglamentos, dotados a su vez de jerarquía interna. Prevalece la norma superior sobre la inferior, siendo nula la inferior contradictoria. Si una norma con rango de ley contradice la Constitución, la nulidad deberá ser declarada por el Tribunal Constitucional.

c) Principio de prioridad temporal

La norma posterior prevalece sobre la anterior, que pierde su efecto.

4. Principio de irretroactividad

La ley nueva en principio no es aplicable a cuestiones planteadas con anterioridad a su entrada en vigor. Cuando sucede lo contrario, aplicando la ley nueva hacia atrás, se dice que es retroactiva. Es consecuencia del principio de seguridad jurídica: cuando un sujeto actúa, es razonable que se someta a las normas vigentes en ese momento y no a las que puedan dictarse en el futuro, que naturalmente le resultarían totalmente desconocidas.

5. Prescripción y caducidad

La prescripción extintiva es el medio a través del cual se desactivan los derechos que no son ejercidos durante un periodo de tiempo. Para que la prescripción opere se requiere que el titular del derecho no lo ejercite, esté inactivo durante el plazo de tiempo marcado por la ley. No todos los derechos prescriben: existen derechos imprescriptibles, como los de la personalidad. La regla general es que los derechos de contenido patrimonial prescriben. La ley determina los plazos de prescripción. Los más importantes son:

• Plazo general de prescripción de los derechos de crédito: 15 años.
• Derechos sobre cosas: 30 años si se trata de bienes inmuebles y 6 años si se trata de bienes muebles.

La prescripción puede ser interrumpida por el titular que realice actos antes de que agote el plazo.

La caducidad es parecida a la prescripción (medio de extinguir derechos y facultades). No es susceptible de ser interrumpida, no es renunciable y genera propiamente la extinción del derecho de que se trate. Comúnmente están sometidas a plazo de caducidad las facultades de impugnación de actos jurídicos, y también caducan las acciones en defensa de derechos de la personalidad. Sus características son: opera con independencia de la voluntad de los interesados, no puede interrumpirse ni ser objeto de denuncia, y puede ser estimada de oficio por el juez.

6. Pérdida de vigencia

En ocasiones se dictan normas de vigencia temporalmente limitada, conocidas como normas temporales. Estas normas están vigentes solo durante el periodo de tiempo previsto por la norma. En este sentido, no se aplican en momentos distintos de los expresamente comprendidos en ellas. Cumplido su término, pierden vigencia automáticamente por caducidad.

7. Derogación

Todas las normas pierden vigencia porque una norma posterior de igual o superior rango las revoca. La derogación puede ser:

• Expresa: cuando la nueva ley determina específicamente qué normas anteriores quedan sin efecto.
• Tácita: cuando no dispone nada al respecto la nueva ley, o contiene una regulación de una materia que es contradictoria e incompatible con la normativa anterior sobre esa misma materia, prevaleciendo la nueva norma en virtud del principio de prioridad temporal.