Plazos de Prescripción y Actuaciones de la Inspección Tributaria: Caso Práctico
1. ¿Es correcta la actuación de la Administración?
En virtud del artículo 67.1 LGT y del 66.a), el plazo de prescripción de cuatro años se debe contar “desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación”, con lo cual, este plazo concluiría en principio el 30 de junio de 2009. Según el artículo 149.2, “el obligado tributario deberá formular la solicitud en el plazo de 15 días desde la notificación del inicio de las actuaciones inspectoras de carácter parcial”, con el fin de que se le realice una inspección de carácter general. Con lo cual la solicitud a fecha 15 de mayo de 2007 es correcta teniendo en cuenta que la notificación la recibe el 10 de mayo de 2007.
Es necesario puntualizar, que el artículo 149.3 establece lo siguiente: “La Administración tributaria deberá ampliar el alcance de las actuaciones o iniciar la inspección de carácter general en el plazo de seis meses desde la solicitud. El incumplimiento de este plazo determinará que las actuaciones inspectoras de carácter parcial no interrumpan el plazo de prescripción para comprobar e investigar el mismo tributo y período con carácter general”. Teniendo en cuenta por tanto, que la Administración no cumple este plazo puesto que no amplía el alcance de las actuaciones ni inicia la inspección de carácter general en seis meses, las actuaciones de inspección de carácter general iniciadas el 8 de julio de 2009 se realizan fuera de plazo, ya que el procedimiento ha prescrito. La Administración no actúa por tanto correctamente.
2. Entrada en el Domicilio del Obligado Tributario
Según el artículo 142.2 LGT, “Cuando en el ejercicio de las actuaciones inspectoras sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido del obligado tributario, se aplicará lo dispuesto en el artículo 113 de esta Ley”. Si acudimos por tanto, al citado artículo, podemos leer lo siguiente: “Cuando en los procedimientos de aplicación de los tributos sea necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración tributaria deberá obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial”. Teniendo en cuenta que entran a la fuerza, las autoridades tributarias no actúan correctamente.
3. Medidas Cautelares y Obtención de Pruebas
Según el artículo 172.4 del Reglamento de gestión e inspección “En la entrada y reconocimiento judicialmente autorizados, los funcionarios de inspección podrán adoptar las medidas cautelares que estimen necesarias”. Dichas medidas están incluidas en el artículo 146.1 LGT, en el cual se establece que “Las medidas podrán consistir, en su caso, en el precinto, depósito o incautación de las mercancías o productos sometidos a gravamen, así como de libros, registros, documentos, archivos, locales o equipos electrónicos de tratamiento de datos que puedan contener la información de que se trate”. Por tanto, las autoridades inspectoras sí que podrían haber tomado las pruebas existentes en el domicilio siempre y cuando se cumpliera lo establecido en el apartado tres del mismo artículo: “Las medidas adoptadas deberán ser ratificadas por el órgano competente para liquidar en el plazo de 15 días desde su adopción y se levantarán si desaparecen las circunstancias que las motivaron”.
4. Actas de Disconformidad y Alegaciones
Por otro lado, al igual que en el caso anterior, si se firma un acta de disconformidad, según el artículo 157.3 LGT, se le deberá otorgar un plazo de 15 días para que formule las alegaciones que estime convenientes.
5. Detención e Investigación del Obligado Tributario
Finalmente, hay que decir que definitivamente la Administración no actúa correctamente deteniendo e investigando a D.X, puesto que esas actuaciones no se encuentran entre sus facultades de actuación, que se recogen en los artículos 171 (examen de la documentación de los obligados tributarios), 172 (entrada y reconocimiento de fincas) y 173 (obligación de atender a los órganos de inspección) del Reglamento. Están por tanto excediéndose completamente de sus facultades.