Potestades exorbitantes y privilegios de la Administración Pública en el derecho venezolano

Potestades Exorbitantes y Privilegios de la Administración Pública

Potestades Exorbitantes

Las potestades exorbitantes son prerrogativas especiales que posee la Administración Pública y que la colocan en una posición de superioridad frente a los particulares. Estas potestades incluyen:

• Privilegio de decisión ejecutoria de acción de oficio: La Administración Pública puede crear, modificar y extinguir derechos por su sola voluntad mediante actos unilaterales.
• Principio de ejecutividad: La Administración Pública ejecuta por sí misma sus decisiones, sin necesidad de intervención judicial.
• Sus actos son título ejecutivo: Los actos administrativos son equivalentes a sentencias, sin necesidad de declaración judicial.
• Disposición de medios propios de ejecución: La Administración Pública se hace justicia por sí misma mediante la autotutela.
• Presunción de legalidad: Los administrados deben impugnar la actuación de la Administración Pública. Esta presunción admite prueba en contrario.
• Orden competencial propio en el Poder Judicial: Existencia de Tribunales Contencioso Administrativos.
• Las demandas administrativas no suspenden la ejecución de los actos administrativos: Salvo medidas cautelares, que constituyen un control posterior.
• Los bienes de la Administración Pública tienen un estado privilegiado: Los bienes de dominio público, afectados a la utilidad pública, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Privilegios en Menos

Los privilegios en menos implican que la Administración Pública está sujeta a mayores restricciones que los particulares. Esto se debe a que:

• No puede contratar con quien desee.
• Debe seguir un procedimiento determinado para la formación de su voluntad, so pena de nulidad.
• No puede ser arbitraria o parcial.
• Si sus decisiones crean derechos, no pueden ser modificadas unilateralmente.

La Omisión de los Poderes Públicos como Conducta Inconstitucional en el Derecho Positivo Venezolano

La omisión inconstitucional se refiere al incumplimiento de un acto, negocio o conducta que la Constitución ordena a una autoridad. Esto implica una limitación en la eficacia del precepto constitucional.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con el artículo 336 numeral 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el artículo 25 numeral 7 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, puede declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del Poder Legislativo Nacional, Estadal y Municipal. La inconstitucionalidad no se refiere a un acto específico, sino a la conducta negativa, inercia o inactividad de un órgano del Poder Legislativo al no adecuar su conducta, total o parcialmente, al cumplimiento de su obligación de dictar una norma o medida indispensable para garantizar el cumplimiento de la Constitución.

La sentencia "Diosdado Cabello Rondón" establece que la tutela de la Sala Constitucional no se limita a la inactividad legislativa formal (sanción de leyes), sino que abarca el cumplimiento de cualquier otra obligación en ejecución directa e inmediata del texto fundamental.

Relación Jurídico-Administrativa y el Contencioso Administrativo

El Estado constitucional de Derecho y la tutela judicial efectiva han transformado el derecho contencioso. Incluso si una persona utiliza una vía equivocada para su pretensión, se le debe dar entrada, ya que el contencioso administrativo se centra en las pretensiones. No es necesario que el demandante indique el proceso específico, sino que el tribunal competente debe determinarlo.

Marco Teórico: La Administración Pública frente a los Jueces

El contencioso administrativo se encarga de enjuiciar las relaciones jurídico-administrativas, estableciendo un proceso distinto para ello. Se diferencia del contencioso constitucional, el cual se ocupa de actos con rango legal (dentro de la pirámide de Kelsen), mientras que el contencioso administrativo se encarga de actos infralegales.