Principios de la Administración Pública: objetividad, eficacia, responsabilidad y participación

Resumen

El texto recoge los principios que orientan el funcionamiento de la Administración Pública: objetividad, eficacia, responsabilidad y participación ciudadana. Explica cómo se garantiza la imparcialidad en el acceso a la función pública, el control judicial de la legalidad y la responsabilidad objetiva de la Administración ante los daños a los administrados. También describe el mandato constitucional de facilitar la participación de los ciudadanos.

Puntos clave

La Administración sirve con objetividad los intereses generales, vinculada a la imparcialidad de los funcionarios.
El acceso a la función pública se regula según los principios de mérito y capacidad.
La eficacia es un principio irrenunciable que debe enmarcarse dentro del principio de legalidad.
Una manifestación exigible de la eficacia es la información clara, precisa y transparente hacia los ciudadanos.
Los Tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa y su sometimiento a los fines que la justifican.
La Constitución prevé una responsabilidad objetiva de la Administración que debe indemnizar las lesiones causadas por el funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor.
El art. 9.2 de la Constitución Española manda a los poderes públicos facilitar la participación ciudadana, y el art. 105 regula la audiencia de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones administrativas.

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Principios de Acción y Funcionamiento de la Administración Pública

1. Principio de Objetividad

La Administración sirve con objetividad los intereses generales. Este principio está ligado con la exigencia de "imparcialidad" y las garantías de la misma en el ejercicio de la función pública por los funcionarios. Al servicio de esta objetividad, se regula el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Otra garantía es la reserva de ley.

2. Principio de Eficacia

Es un objetivo y un principio regulador irrenunciable. Deberían establecerse estímulos y recompensas para el trabajo administrativo bien hecho. La eficacia, claro está, debe enmarcarse dentro del principio de legalidad. Una de las manifestaciones más exigibles de esta eficacia es una información clara, precisa y transparente hacia los ciudadanos.

3. Principio de Responsabilidad de la Administración

Los Tribunales controlan la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican, incluida su potestad reglamentaria.

Por otra parte, con independencia de la responsabilidad directa y personalizada del órgano y/o el funcionario público, la Constitución prevé una "responsabilidad objetiva" de la Administración que la obliga a indemnizar por toda lesión que los administrados sufran en sus bienes o derechos, salvo casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

4. Principio de Participación Ciudadana

Existe un mandato a los poderes públicos para facilitar esa participación (art. 9.2 de la Constitución Española). También se encuentra la regulación legal que se propone en el art. 105 en relación con la audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. Del mismo modo, el acceso a los archivos y registros administrativos y, en relación con la regulación del procedimiento para los actos administrativos, se garantiza la audiencia de los interesados.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la responsabilidad objetiva de la Administración?

Es la obligación de la Administración de indemnizar cualquier lesión que los administrados sufran en sus bienes o derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. No depende de la culpa del funcionario, salvo en casos de fuerza mayor.

¿Qué relación tiene la eficacia administrativa con el principio de legalidad?

La eficacia es un principio regulador, pero debe enmarcarse dentro del principio de legalidad. Es decir, la Administración debe ser eficaz sin actuar al margen de la ley.