Revisión de precios, cesión y subcontratación en la contratación pública: guía práctica de la Ley de Contratos del Sector Público

Revisión de precios (arts. 89 y ss.)

La normativa de contratación pública obliga al adjudicatario a: 1) precio cierto, que el contrato fijará la retribución que recibirá el contratista, y 2) la ejecución del contrato a riesgo y ventura, lo que significa que este obtendrá los beneficios y soportará los perjuicios patrimoniales derivados del cumplimiento del contrato.

La aplicación de este principio supone que cualquier incidencia surgida durante la realización del contrato, ajena a la propia prestación y a la voluntad del contratista, recaerá sobre este, sin corregir la retribución a su favor.

La revisión de precios se configura como el instrumento legal de carácter ordinario dirigido a la adecuación del precio del contrato a las fluctuaciones económicas normales que puedan experimentar, durante su ejecución prolongada en el tiempo, el valor de la prestación convenida. Su función es la de salvaguardar el equilibrio económico del contrato.

Solo cabe, con carácter general, en los siguientes casos:

• Cuando el contrato se ejecute en un 20% de su importe y transcurra un año desde su adjudicación, quedando excluido ese 20%.
• Cuando la duración prevista del contrato sea inferior a un año, pero su duración real fuese mayor por circunstancias no imputables al contratista, sino a la Administración, al caso fortuito o a fuerza mayor, procederá a la modificación del contrato o a su resolución.
• En los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios podrá tener lugar una vez transcurrido el primer año de ejecución del contrato.

La revisión de precios no tendrá lugar en los siguientes supuestos:

• Cuando se prevea en los pliegos o pactado en el contrato.
• En los contratos cuyo pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o con opción a compra, ni en los contratos menores.
• En los restantes contratos, el órgano de contratación podrá excluir la procedencia de la revisión de precios.

Cesión (art. 226) y subcontratación (arts. 227 y 228)

Cesión del contrato

La cesión supone la transferencia de la adjudicación a un tercero de todos los derechos y obligaciones derivados del contrato. El adjudicatario inicial es el cedente y el tercero es el cesionario. El cedente abandona el negocio jurídico y el cesionario adquiere la condición de adjudicatario, continuando la ejecución.

Para que sea admisible es indispensable que las calidades técnicas o personales del cedente no sean razón determinante de la adjudicación del contrato y que la cesión no produzca una restricción efectiva de la competencia en el mercado.

Requisitos acumulativos:

• Que el órgano de contratación la autorice, de forma previa y expresa.
• Que el cedente tenga ejecutado solo un 20% del importe del contrato, o efectúe su explotación durante solo 1/5 del plazo de duración del contrato.
• Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración, solvencia o clasificación exigida al cedente, no esté incurso en una causa de prohibición de contratar, y que la cesión se formalice en escritura pública.

Subcontratación

La subcontratación permite al adjudicatario concertar con un tercero la realización parcial de la prestación. Será admisible salvo que el contrato o los pliegos dispongan lo contrario, o que por su naturaleza y condiciones se deduzca queha de ser ejecutada directamente solo por el adjudicatario.

Requisitos:

• El adjudicatario deberá comunicar anticipadamente y por escrito a la Administración la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte a subcontratar y la identidad del subcontratista.
• Si se prevé en los pliegos o en el anuncio de licitación, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe y el nombre de los subcontratistas.
• No podrán exceder del porcentaje que se fije en el PCAP; se admitirá un máximo del 60% del importe de adjudicación.
• Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el contratista principal, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración.

Régimen jurídico de la invalidez de los contratos (arts. 37 y ss.)

Los contratos públicos son inválidos cuando incurren en alguna infracción del ordenamiento jurídico. Existen dos causas posibles:

• Que alguno de los actos administrativos previos (preparatorios, de procedimiento de licitación o de adjudicación) que dan origen al contrato concurra en alguna causa de invalidez de derecho administrativo o de derecho civil.
• Que alguna de las cláusulas materiales del contrato, que definen los derechos y obligaciones de las partes, infrinja el ordenamiento jurídico.

La ilegalidad del contrato puede dar lugar a:

• a) Nulidad de pleno derecho. El vicio de nulidad no puede subsanarse ni purgarse. Los efectos de la nulidad se producen desde el momento en que el acto nace: lo nulo no produce efecto alguno.
• b) Anulabilidad. Esta categoría de invalidez tiene carácter genérico y residual. Los contratos anulables pueden subsanarse corrigiendo los vicios de los que adolezcan, pequeñas anomalías de escasa relevancia como para producir el efecto de la invalidez. Son, generalmente, defectos de forma.

Causas de nulidad

• Las indicadas en la Ley 30/1992.
• Falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario, o estar este incurso en alguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60.
• Carencia o insuficiencia de crédito.

Causas de anulabilidad

• Demás infracciones del ordenamiento jurídico y de las reglas contenidas en el TRLCSP.
• Supuestos más comunes: incorrecta exigencia de clasificación en licitaciones en las que no es legalmente exigible; incorrecta exclusión de un licitador que podría haber resultado adjudicatario; y vulneración de la prohibición de presentar más de una proposición en la licitación.

UTE (Uniones Temporales de Empresarios) (art. 59)

Podrán contratar con el sector público las agrupaciones que se constituyan temporalmente al efecto, sin que se formalicen mediante escritura pública hasta que se efectúe la adjudicación del contrato a su favor.

Los empresarios que concurran agrupados en UTE quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante único con poder para ejercitar derechos y cumplir obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo.

Estas deberán indicar los nombres y circunstancias de quienes las constituyen, la participación de cada uno y la asunción del compromiso de constituirse formalmente en UTE en caso de resultar adjudicatarias. La duración coincidirá con la del contrato, hasta su extinción.

Sea cual sea el número de empresarios, presentarán una sola proposición, quedando prohibida la presentación de forma individual.