Clasificación y Reeducación de Internos: Análisis de Casos y Penas

¿Puede un interno que rechaza el tratamiento ser clasificado?

Podría un interno que rechaza el tratamiento ser clasificado. Aunque la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP) hace depender la clasificación del penado de su evolución en el tratamiento, el Tribunal Constitucional ha declarado el carácter voluntario del mismo. Esta doctrina constitucional se ha plasmado en el Reglamento Penitenciario de 1996, en el que se establece que el interno podrá “rechazar libremente o no colaborar” en la realización de cualquier técnica de estudio de su personalidad, sin que ello tenga consecuencias disciplinarias, regimentales ni regresión de grado (art. 112.3 RP). En estos casos, el reglamento prevé que la clasificación inicial y las posteriores revisiones se realizarán mediante la observación directa del comportamiento, los informes pertinentes del personal penitenciario y los datos documentales existentes (art. 112.4 RP). En definitiva, no solo puede, sino que debe ser igualmente clasificado.

¿Qué infractores, según algunos autores, no necesitarían reeducación y por qué?

¿Cuáles cree que son los infractores que, según algunos autores, no necesitarían "reeducación" y por qué se piensa que no la necesitan? ¿Cuál es su opinión al respecto? Según algunos autores, no necesitarían reeducación los condenados, fundamentalmente, por delitos de corrupción, socioeconómicos, delito fiscal, etc., por considerar que se trata de “sujetos socialmente integrados”. La razón de esta afirmación es que este tipo de delitos suelen cometerlos personas procedentes de clases sociales acomodadas con cierto nivel cultural y educativo, y su delincuencia no genera inseguridad en la población; aunque sus conductas son delictivas, al no afectar de forma directa a los individuos (como la delincuencia patrimonial) existe cierta tolerancia social hacia este tipo de delincuentes. Sin embargo, por el daño que causan al sistema social, sí se puede afirmar que necesitarían algún tipo de intervención a fin de que respeten valores esenciales para la convivencia pacífica, como la honestidad, la seguridad del tráfico jurídico y económico, y el necesario respeto de lo público.

Penas incompatibles con la reeducación y la reinserción social

Indique qué tipo de penas cree que podrían ser incompatibles con la finalidad de la reeducación y la reinserción social. La cadena perpetua es, por su propia naturaleza, incompatible con esos fines. Aunque pueda ser “revisable”, si existe la posibilidad de que una persona pueda pasar el resto de su vida en prisión, eso la hace irreconciliable con esos fines. Igualmente, en principio, las penas cortas y las penas largas de prisión presentan problemas de compatibilidad con esos fines. Las primeras, por sus efectos desocializadores y su limitada eficacia preventiva. Las segundas, por el riesgo que conlleva para la persona el encierro prolongado en un lugar como la cárcel (adaptación a la subcultura carcelaria, deterioro de la personalidad, ruptura de lazos familiares y sociales, etc.). No obstante, la compatibilidad o no con la finalidad de reinserción social va a depender en gran medida no tanto de la duración, sino de la forma de ejecución (disfrute de salidas programadas y permisos, régimen de vida en prisión, posibilidad de régimen de semilibertad, etc.).

Suspensión de condena a un interno con enfermedad incurable

¿Cree que a un interno condenado por delito de terrorismo, que se encuentra enfermo muy grave y con padecimientos incurables, pero que no ha pedido perdón a las víctimas ni ha manifestado arrepentimiento por sus delitos, se le debería suspender la condena? Razone su respuesta. El artículo 80.4 CP prevé un supuesto especial que permite a jueces y tribunales otorgar la suspensión de “cualquier pena impuesta”, sin sujeción a requisito alguno, cuando el penado padezca una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que al cometer el delito tuviese ya una pena suspendida por este motivo. El fundamento de la medida radica en razones humanitarias y en la falta de peligrosidad del sujeto. Por ello, aunque no pida perdón a la víctima o no manifieste arrepentimiento, la concesión de la suspensión ha de atender al estado de salud (incompatible con su permanencia en prisión) y a su ausencia de peligrosidad debido a la enfermedad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha manifestado que el mantenimiento en prisión en esas condiciones podría suponer un trato inhumano y degradante, por su inadecuación para tratar la enfermedad y porque podría provocarle sufrimientos que sobrepasan los inevitables del encarcelamiento y la enfermedad.