El Estatuto Vasco de 1936: Autonomía en la Segunda República

Contexto Político en el País Vasco durante la II República

Aunque la transición a la Segunda República ocurrió pacíficamente en la mayor parte de España, en el País Vasco el panorama fue diferente. En las elecciones a las Cortes Constituyentes de 1931, vencieron las fuerzas de derechas: la Comunión Tradicionalista, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y diversos católicos independientes.

Durante el bienio social-azañista (1931-1933), las reformas de carácter aconfesional impulsadas por el gobierno fueron interpretadas por los carlistas como un ataque directo a los valores religiosos tradicionales. A su vez, el PNV, aunque reconoció el nuevo régimen republicano, colaboró con la derecha en la protección de dichos valores.

La Búsqueda de la Autonomía: El Estatuto Vasco

Ante la posibilidad que ofrecía la nueva Constitución republicana de cambiar el marco político español, los nacionalistas vascos vieron la oportunidad de reivindicar su derecho a la autonomía mediante la redacción de un Estatuto Vasco.

El Primer Intento: El Estatuto de Estella

Con este objetivo, José Antonio Aguirre impulsó un movimiento de ayuntamientos vascos en pro de la autonomía, que contó con el apoyo inicial de carlistas y nacionalistas. Este proceso culminó en Estella en junio de 1931, donde se aprobó un primer proyecto denominado Estatuto de Estella. Este texto se caracterizaba por reservar al poder autonómico vasco la facultad de negociar concordatos directamente con la Santa Sede.

Sin embargo, a pesar de ser aprobado por la mayoría de los alcaldes, el proyecto fue rechazado por las Cortes Constituyentes al presentarlo ante el gobierno, debido a su carácter anticonstitucional. Además, el gobierno central percibió la unión de carlistas y nacionalistas en defensa de la religión como una amenaza antirrepublicana.

Aprobación y Aplicación Limitada del Estatuto Definitivo

Tras el fracaso del proyecto de Estella, el gobierno azañista propuso una reforma del Estatuto. Esta vez contó con la colaboración del PNV, que se aproximó a las fuerzas de izquierda, abriendo una profunda brecha entre nacionalistas y carlistas. Esta división provocó que Navarra finalmente rechazara el nuevo proyecto de Estatuto.

Así, en 1933, los ayuntamientos de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia aceptaron el proyecto estatutario, ya sin la inclusión de Navarra. Tras ser sometido a referéndum y obtener una amplia aprobación popular, el Estatuto fue aprobado por las Cortes. Sin embargo, su aplicación se vio paralizada durante el bienio radical-cedista (1933-1935). No fue hasta la llegada del Frente Popular al gobierno y el estallido de la Guerra Civil que el Estatuto entró en vigor en octubre de 1936. Su efectividad quedó limitada principalmente a Bizkaia, el último territorio leal a la República en la región, hasta su caída en 1937.