Interpretación y Aplicación de Normas Laborales en España: Un Enfoque Práctico

Efectos de la Nulidad del Contrato de Trabajo

Si el contrato resultase nulo, el trabajador podrá exigir, por el trabajo que ya hubiere prestado, la remuneración consiguiente a un contrato válido. Delimitado el ámbito de la irrenunciabilidad, se despeja también el campo de los acuerdos voluntarios que las partes pueden pactar en contrato individual sin que impliquen nulidad total o parcial del contrato, en cuanto que el trabajador no dispone de derechos irrenunciables.

Las Normas Laborales en el Espacio

Las normas jurídicas, en cuanto emanación del Estado, tienen limitada su vigencia al territorio donde éste ejerce su soberanía. Al haber una pluralidad de Estados, hay que tratar de solucionar los problemas provenientes de la colisión de normas en el tráfico jurídico entre los distintos Estados.

Al respecto, nuestro Código Civil (artículos 10.6, 8.1 y 12) establece:

• A las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, en defecto de sometimiento expreso de las partes, les serán de aplicación la ley del lugar donde presten los servicios.
• En ningún caso se aplicará la ley extranjera cuando resulte contraria al orden público.

Asimismo, para el Estatuto de los Trabajadores (artículo 1.4):

La legislación laboral española se aplicará al trabajo que presten los trabajadores contratados en España al servicio de empresas españolas en el extranjero. Dichos trabajadores tendrán, al menos, los derechos económicos que les corresponderían de trabajar en territorio español.

En consecuencia, podemos decir que nuestro ordenamiento es eminentemente territorialista, pero con una serie de limitaciones:

1. La ley del lugar juega como mínima; es válido y lícito el sometimiento expreso de las partes a otra ley distinta del lugar de ejecución mientras establezca condiciones más favorables.
2. El principio de reciprocidad, que, si no se ha renunciado a él expresamente, puede impedir la aplicación del derecho nacional al trabajador extranjero.
3. La capacidad para celebrar el contrato de trabajo, que viene determinada por la nacionalidad del sujeto (artículo 9.1 del Código Civil).

La Interpretación de las Normas: El Principio *Pro Operario*

Principios Generales

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al sentido y finalidad de aquéllas" (artículo 3.1 del Código Civil).

También entran en juego otros dos criterios interpretativos:

• La equidad: habrá que tenerla en cuenta en la aplicación de la norma, si bien solo se podrá descansar en ella cuando la ley expresamente lo permita.
• La analogía: procederá cuando las normas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante, entre los que se aprecie identidad de razón.

De lo anterior se deduce que la norma se interpretará atendiendo a las siguientes pautas:

1. En primer lugar, se da preferencia al sentido propio de las palabras.
2. En segundo lugar, hay que mirar el contexto general en el que está inserta la norma, ante cualquier expresión o término aislado que resulte dudoso.
3. En tercer lugar, debe acudirse en caso de oscuridad gramatical a los antecedentes históricos y legislativos, para que aporten luz suficiente sobre el espíritu de la norma.
4. En cuarto lugar, tenemos la realidad social del tiempo en que ha de aplicarse, concepto indefinido y cambiante que deja gran margen de subjetividad al intérprete.
5. Y, en fin, hay que tener en cuenta la equidad y la analogía.

El Principio *Pro Operario*

Las normas jurídico-laborales se interpretan y se "colman" judicialmente en caso de duda o de laguna conforme a los dictados de este principio, específico y típico del ordenamiento laboral. Así, el juez usará de la analogía para extender un beneficio o aplicará la "restricción" para evitar un perjuicio al trabajador, a un grupo profesional, etc. Ahora bien, la interpretación *pro operario* se limita a la norma, no alcanza a los hechos, de modo que no se espera que ante una situación fáctica indefinida el juez opere siempre con una presunción de conducta regular en el trabajador y de alevosa en la empresa.

Este principio va perdiendo fuerza en la medida en que la debilidad del trabajador, respecto del empresario, se va equilibrando con otros mecanismos correctores, como puede ser la acción sindical de las organizaciones sindicales.