Historia del Código Civil español: del proyecto de García Goyena al Código de 1889

Orígenes y Antecedentes del Código Civil Español

El primer Código Civil europeo fue el de 1804, creado por Napoleón. En contraste, España no aprobó su código definitivo hasta 1889. Esta demora se debió, en gran medida, a que el país ya contaba con una rica y consolidada legislación histórica (como las Partidas o el Ordenamiento de Alcalá) que hacía que la necesidad de un código unificado no fuera tan perentoria, pues la materia ya estaba ampliamente regulada.

La Influencia Napoleónica y la Resistencia Española

Durante la ocupación francesa, el Estatuto de Bayona estableció que, a falta de un código propio, se aplicase en España el Código francés de 1804. El Consejo de Castilla aceptó esta propuesta, siempre y cuando no contradijera la legislación histórica castellana.

Posteriormente, ya en la etapa constitucional, aunque no se llegó a fraguar un proyecto de código civil propiamente dicho, sí se aprobaron numerosos decretos de gran calado en la rama civil, como los relativos a la abolición de los señoríos o la desamortización de tierras.

El Proyecto de Código Civil de 1851: El Intento de García Goyena

Hubo que esperar hasta mediados del siglo XIX para ver un intento serio de codificación. En 1851, la Comisión General de Codificación, consciente de la necesidad de unificar la legislación, encargó a un grupo de juristas, encabezados por García Goyena, la elaboración de un proyecto de código civil. A pesar de su gran calidad técnica, tras su elaboración fue rechazado de forma inmediata tanto por la Iglesia como por los territorios forales.

Motivos del Rechazo al Proyecto de 1851

• Rechazo de la Iglesia: El proyecto contenía disposiciones que chocaban frontalmente con los intereses eclesiásticos. Por un lado, un artículo prohibía a la Iglesia recibir bienes muebles e inmuebles por vía testamentaria. Por otro, aunque se mantenía el matrimonio canónico como el único válido, se preveía la posibilidad del divorcio, cuya competencia pasaría de los tribunales eclesiásticos a los judiciales.
• Rechazo de los Territorios Forales: El motivo principal fue un artículo que establecía la derogación de todos los usos, costumbres, fueros y leyes anteriores a la promulgación del código, lo que suponía la supresión de sus derechos históricos.

Las Leyes Especiales como Consecuencia del Proyecto Fallido

A pesar de su fracaso, el proyecto de García Goyena era técnicamente muy bueno y estaba bien redactado. Por ello, la Comisión General de Codificación acordó aprovecharlo para crear una serie de leyes especiales en materia civil. Para ello, se diseccionó el proyecto y se agruparon sus artículos por materias, dando lugar a la siguiente legislación:

• Ley del Notariado (1862): No solo creó el cuerpo de notarios, sino que también recogió las competencias de los notarios o escribanos públicos.
• Ley de Aguas (1866): Fue la primera ley de aguas en Europa y regulaba de manera conjunta tanto las aguas continentales como las marinas. Fue derogada en 1879 por otra ley que, a diferencia de su antecesora, solo regulaba las aguas continentales (dulces), ya que las marinas pasaron a ser reguladas por la Ley de Puertos de 1881.
• Ley de Registro Civil (1870): Creó y reguló el Registro Civil para inscribir todos los actos relativos al estado civil de las personas (nacimiento, matrimonio, defunción). Hasta entonces, estos actos se registraban en los "libros parroquiales". A partir de esta ley, y a diferencia de otros países europeos, los registros civiles pasaron a depender del Juzgado Municipal.
• Ley del Matrimonio Civil (1870): Esta ley, que solo reconocía efectos civiles al matrimonio civil y no al canónico, fue derogada cinco años después por el gobierno de Cánovas debido a la fuerte oposición de la Iglesia.

Hacia la Aprobación Definitiva: El Código Civil de 1889

A partir de 1876, en plena restauración de la monarquía borbónica, se hizo fundamental contar con el apoyo de la burguesía catalana y vasca para mantener el orden político. Esto reabrió el debate sobre la elaboración de un código civil que, esta vez sí, recogiera en distintos apéndices la legislación foral de esos territorios históricos.

Finalmente, en 1888 se promulgó el Código Civil, aunque su versión definitiva es la de 1889. El texto fue objeto de una profunda crítica inicial, ya que contenía numerosas erratas y errores, hasta el punto de que el propio ministro de Justicia, Alonso Martínez, tuvo que corregirlos en las llamadas «ediciones de la Gaceta».