Naturaleza jurídica del procedimiento administrativo: principios y actos de trámite

Naturaleza Jurídica del Procedimiento Administrativo

Para estudiar su Naturaleza Jurídica debemos atender a 3 cuestiones:

¿Es el Procedimiento Administrativo un auténtico proceso?

Si bien existen similitudes entre el Procedimiento Administrativo y el Procedimiento Judicial, una condición fundamental impide su equiparación: en los Procedimientos Judiciales, quien instruye y resuelve es un órgano independiente (Órgano Jurisdiccional), mientras que en el Procedimiento Administrativo, quien instruye y resuelve es también parte del mismo, la Administración, actuando como juez y parte.

Principios rectores del Procedimiento Administrativo

El Procedimiento Administrativo se regula en base a una serie de principios:

• Principio de contradicción: Permite hacer valer los distintos intereses en juego, confrontándolos en presencia de sus respectivos titulares antes de adoptar una decisión.
• Principio de oficialidad: La Ley 30/92 (actualmente, Ley 39/2015) establece que el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites.
• Principio de igualdad: Los expedientes se guardarán con riguroso orden de incoación (iniciación de trámites) en cuanto a asuntos de homogénea naturaleza, salvo orden motivada en contrario.
• Principio antiformalista: Se establecen requisitos formales mínimos para las actuaciones de los interesados y se admite la subsanación de defectos y errores.
• Principio de imparcialidad: A pesar de que la Administración reúne la doble condición de juez y parte, este principio sigue siendo obligatorio, aunque relativizado.
• Otros principios: Audiencia, publicidad y transparencia.

¿Acto complejo o complejo de actos?

Existen dos tesis principales sobre la naturaleza del Procedimiento Administrativo:

Tesis del Acto complejo

Defendida por el Prof. Garrido Falla, sostiene que las actuaciones dentro del Procedimiento Administrativo no son autónomas entre sí, y la decisión final es una voluntad integrada por las diversas voluntades manifestadas durante el procedimiento.

Tesis del Complejo de actos

García de Enterría y Tomás Ramón Fernández defienden esta tesis, que se considera más acorde con el Ordenamiento Jurídico. Afirman que los actos dentro del procedimiento gozan de autonomía en cuanto a su validez e impugnabilidad (art. 107.1 de la Ley 30/92, actualmente art. 112.1 de la Ley 39/2015), sin perjuicio de su carácter instrumental respecto al acto resolutorio final. Esta tesis se alinea con el principio de conservación de los actos válidos (arts. 64-67 de la Ley 30/92, actualmente arts. 50-52 de la Ley 39/2015) y la intransmisibilidad de los vicios de invalidez entre actos del mismo procedimiento.

Impugnación de actos de trámite

Si bien, por regla general, solo se puede impugnar el acto resolutorio final, existen excepciones que permiten la impugnación separada de actos de trámite:

• Aquellos que determinan la imposibilidad de continuar con el procedimiento.
• Aquellos que inciden directa o indirectamente en el fondo del asunto.
• Aquellos que causan indefensión.
• Aquellos que producen un perjuicio de difícil o imposible reparación.

Estos actos de trámite son impugnables por separado debido a su autonomía. De acuerdo con los artículos 50 a 52 de la Ley 39/2015, los vicios de invalidez no se transmiten de un acto a otro dentro del mismo procedimiento, ni de una parte a otra. Por lo tanto, el Ordenamiento Jurídico consagra la autonomía de los actos desde el punto de vista de su validez.