La Organización Territorial de España y el Estado de las Autonomías: Evolución y Competencias
La Organización Territorial de España
La OTE (Organización Territorial de España) es producto de su evolución histórica. Ya en 1833 se estableció una división muy similar a la actual. La configuración territorial actual se debe a las normas establecidas en la Constitución de 1978, donde se define que la nación española es una unidad indisoluble, pero, por otra parte, se reconoce el derecho a la autonomía.
La Constitución indica qué condiciones y qué procesos tuvieron que seguir los distintos entes preautonómicos para convertirse en comunidades autónomas.
Condiciones de Acceso
- Provincias limítrofes que tengan características históricas, culturales o económicas comunes.
- Los territorios insulares.
- Las provincias con entidad regional histórica propia.
Proceso de Acceso
La Constitución establece varias vías de acceso a la autonomía:
Vía del Artículo 151 (Vía Rápida)
Acceden por aquí las nacionalidades históricas: País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía, donde todas las diputaciones provinciales interesadas y las tres cuartas partes de los ayuntamientos acordaron formar comunidad autónoma. Éstas pudieron ejercer de inmediato todas las funciones de autogobierno que permite la Constitución.
Vía del Artículo 143 (Vía Lenta)
Acceden por aquí el resto de territorios, excepto Madrid, Ceuta y Melilla. El artículo 143 reconoce como comunidad autónoma a aquellas provincias cuyas diputaciones estén a favor de la autonomía, así como dos tercios de los ayuntamientos. En la Constitución no se establecieron las demarcaciones autonómicas, por lo que podrían darse cambios en un momento dado.
Tipos de Competencias
Las competencias que pueden asumir las autonomías son:
- Económicas, políticas, de infraestructuras y transporte.
- Ordenación del territorio.
- Sociales y sanitarias.
- Culturales, deportivas y de ocio.
Por su parte, el Estado tiene competencias exclusivas en:
- Relaciones internacionales.
- Defensa.
- Migración.
- Comercio exterior.
- Deuda pública.
- Correos.
Del Estado dependen también las infraestructuras de ámbito suprarregional.
Competencias Mixtas
Existen competencias o funciones mixtas: el Estado realiza la legislación básica, pero las comunidades elaboran las leyes de aplicación en cada caso, o se encargan de aplicar la legislación. Las competencias asumidas por cada comunidad aparecen recogidas en su Estatuto de Autonomía.
Varios estatutos de autonomía han sido reformados para adecuarlos a la realidad autonómica. En el Estatuto de Autonomía aparecen la delimitación territorial de la comunidad, su entidad jurídica, su denominación y símbolos oficiales, entre otros aspectos.
Las Instituciones de una Comunidad Autónoma
Los órganos institucionales básicos son:
- Parlamento: Se encarga de aprobar y elaborar las leyes.
- Gobierno: Se encarga de poner en práctica las leyes aprobadas a través de las distintas consejerías.
- Tribunal Superior de Justicia: Vigila que las leyes se cumplan.
El máximo representante público de una autonomía es el presidente de la comunidad.
Entidades Territoriales Inferiores
En una instancia territorial inferior a la comunidad está la provincia, formada por la agrupación de municipios y gobernada por la diputación. El municipio es la entidad territorial básica y su gobierno depende del ayuntamiento.
La Financiación de las Comunidades Autónomas
La financiación de las comunidades autónomas está regulada por la LOFCA, excepto en el País Vasco y Navarra.
El Régimen Foral
Establece que el País Vasco y Navarra perciben y gestionan sus ingresos y pactan con el Estado la cantidad a pagar a la Administración General del Estado. A esta cantidad se le denomina cupo o aportación.
Fuentes de Financiación
Existen dos fuentes principales de financiación:
- Impuestos: La LOFCA establece que las comunidades autónomas perciben y gestionan el 50% del IRPF e IVA, y el 58% de los impuestos especiales.
- Fondos de compensación: Fondo de suficiencia, fondo de garantía y fondo de convergencia.
En la actualidad está en proceso la transformación del sistema de financiación autonómica. Las diferentes comunidades piden una mayor capacidad de recaudar sus impuestos. Por ello, se considera que en el futuro recibirán menos transferencias del Estado, pero tendrán más dinero recaudado por su mayor participación en los ingresos obtenidos por impuestos.