El Principio de Subsidiariedad: Evolución Histórica y Tipologías en el Derecho Contemporáneo
El Principio de Subsidiariedad: Origen y Desarrollo en la Doctrina Social de la Iglesia
Cuarenta años después, Pío XI, en la encíclica Quadragesimo Anno, amplió el concepto de subsidiariedad no solo como justificación social de los cuerpos intermedios, sino también como respuesta al intervencionismo estatalista procedente del hegelianismo, que se imponía por entonces en Italia, rechazando el totalitarismo fascista.
Juan XXIII, en la encíclica Mater et Magistra, elevó el principio de subsidiariedad a “principio inamovible e inmutable” en defensa de “las comunidades menores e inferiores”. Dos años después, en la encíclica Pacem in Terris, proyectó el principio de subsidiariedad en el plano mundial. En esta misma línea, la constitución pastoral Gaudium et Spes aludió al mantenimiento del principio de subsidiariedad, tanto en las relaciones internas del Estado como en el ámbito internacional.
Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus, reafirmó que la sociabilidad de la persona no se agota en el Estado, sino que se realiza en diversos grupos intermedios, comenzando por la familia y siguiendo por los grupos económicos, sociales, políticos y culturales, los cuales, como provienen de la misma naturaleza humana, tienen su propia autonomía.
Este principio, junto con el de solidaridad, ha demostrado a lo largo del siglo XX sobradamente su eficacia en los sufridos avatares de la humanidad. Y al inicio del siglo XXI, frente al ineludible proceso de integración mundial, adquiere un renovado valor en el proceso de construcción europea.
Clases de la Subsidiariedad
Subsidiariedad Horizontal y Subsidiariedad Vertical
El Principio de Subsidiariedad debe ser contemplado en sus dos vertientes: la vertical o territorial y la horizontal o funcional.
La subsidiariedad es el principio básico de la buena gobernanza. El nivel adecuado en el que las decisiones que afectan a los ciudadanos deben adoptarse no viene solo determinado por criterios territoriales (europeo, estatal, regional, local), sino también por criterios funcionales de acuerdo con su específico papel y competencia (poderes públicos, comunidad económica, agentes sociales y otras organizaciones de la sociedad civil). Los dos niveles de subsidiariedad deben trabajar en equipo y complementarse uno a otro.
La libertad, la responsabilidad y la solidaridad —la subsidiariedad en suma— no han cambiado en su esencia, pero sí están cambiando en cuanto a su dimensión, proporción y manifestaciones.
El principio de subsidiariedad no se refiere solamente al reparto de competencias entre los diferentes niveles territoriales y, en su caso, funcionales, sino que constituye la expresión de un determinado concepto participativo de las relaciones entre los poderes públicos y la sociedad, así como de las libertades y responsabilidades de los ciudadanos. La subsidiariedad supone, en primer término, autonomía (de la persona, de las comunidades y de los grupos intermedios) para el cumplimiento de sus legítimos fines, pero en segundo término también diálogo civil y social, participación en el diseño de las políticas, en su ejecución y evaluación, así como el respeto de los instrumentos de autorregulación y correglamentación. Todos ellos constituyen expresión de la democracia participativa y de la buena gobernanza.