Reinado de María Cristina y Estatuto Real: del absolutismo al liberalismo en España

Tras la muerte de Fernando VII, María Cristina de Borbón gobernó como regente hasta la mayoría de edad de Isabel II. Su reinado se caracterizó por la inestabilidad política y el fracaso en su intento de atraer a los carlistas, lo que la obligó a apoyarse en los liberales. Estos, divididos en moderados y progresistas, aceptaron la Ley Fundamental escrita, la Constitución, como órgano representativo de la nación, basada en el sistema censitario. La necesidad de un régimen con opinión pública y libertad individual marcó este periodo.

Dos Modelos de Liberalismo

Existían dos modelos de liberalismo: el moderado y el progresista. El modelo moderado asimilaba los principios del Antiguo Régimen, mostrando atención a los intereses económicos de las fuerzas sociales que sostenían el poder político. Estaban integrados por liberales doceañistas (hombres de orden abiertos al cambio) y por grupos liberales que se separaron de los progresistas y exaltados desde el Trienio Liberal. Su preocupación era construir un Estado unitario servido por una administración centralizadora, lo que lograron mediante un sistema censitario muy restrictivo.

Por otro lado, el modelo progresista, con apoyo entre las clases medias y, en ocasiones, las clases populares, lo que les daba un carácter populista, defendía la Constitución de 1812 con sufragio nacional y representación en las Cortes. Impusieron un sistema censitario que ampliaba la participación, exigiendo una renta menor tanto para votar como para ser elegido. En lo económico, defendían el librecambismo y sustituyeron el servicio militar obligatorio por el sistema de quintas.

El Estatuto Real y la Constitución de 1837

En 1834, la regente María Cristina encargó al ministro Martínez de la Rosa la elaboración de un Estatuto Real, documento que exponía el deseo de transición del Antiguo Régimen al Nuevo Régimen. Se trató de una carta otorgada, dado que para ser una Constitución debía elaborarse en un parlamento elegido por la nación. Tres años más tarde, se creó la Constitución de 1837, que mantenía el sistema censitario y tomaba medidas liberales para la industria y el comercio. Además, establecía la reforma agraria, basada en la abolición del Régimen señorial, la desvinculación de tierras y la desamortización de Mendizábal. Esta última consistió en la incautación por parte del Estado de los bienes (de la Iglesia y los pueblos) que, al dejar de estar fuera del mercado para convertirse en bienes nacionales, se pusieron a la venta en pública subasta, pasando a manos particulares.

Problemas del Estado Liberal

Tras estas reformas, surgieron una serie de problemas en el Estado liberal. Moderados y progresistas se turnaban en el poder, marginando a demócratas y republicanos. La inestabilidad política era notable, con cambios de gobierno producidos por pronunciamientos militares, fraude electoral frecuente, intromisión de la Corona en la política y frecuentes revueltas populares, causadas sobre todo por la carestía de alimentos.

La Sucesión al Trono y el Conflicto Carlista

A la muerte de Fernando VII, se desató un conflicto por la sucesión al trono, enfrentando a dos bandos: los carlistas, que apoyaban el Antiguo Régimen y la monarquía absoluta, con el apoyo de la nobleza rural, el clero y el campesinado (que temían la subida de rentas); y los isabelinos, que proponían la implantación de un Estado liberal, apoyados por la alta nobleza (Cortes), funcionarios del Estado, burguesía y clases populares.