Estructura, funciones y competencias del Poder Ciudadano en Venezuela

¿Cómo está compuesto el Poder Ciudadano, cuáles son sus funciones y requisitos para ser miembros?

El Poder Ciudadano se ejerce por el Consejo Moral Republicano, el cual está integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor de la República.

Competencias del Consejo Moral Republicano

El Consejo Moral Republicano tiene las siguientes competencias fundamentales:

• Prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa.
• Velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público.
• Garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales del debido proceso y de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado.
• Promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como actividades pedagógicas dirigidas al conocimiento y estudio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
• Fomentar el amor a la patria, las virtudes cívicas y democráticas, los valores trascendentales de la República y la observancia y respeto de los derechos humanos.
• Promover la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo.

Atribuciones del Presidente del Consejo Moral Republicano

Son atribuciones y deberes del Presidente del Consejo Moral Republicano:

1. Dirigir y coordinar las labores del Consejo Moral Republicano.
2. Ejecutar el presupuesto de funcionamiento del Consejo Moral Republicano.
3. Ejercer la representación oficial del Consejo Moral Republicano y del Poder Ciudadano.
4. Convocar, coordinar y presidir las reuniones del Consejo Moral Republicano.
5. Presentar a la Asamblea Nacional un informe anual del Consejo Moral Republicano y todos los demás informes que le sean solicitados por ese órgano legislativo.

Gestión del Contralor General

El Contralor General dicta resoluciones a fin de regular el modelo y las instrucciones generales pertinentes para que sirvan de referencia en la elaboración de la declaración de situación patrimonial bajo juramento. Asimismo, ha facultado a entes públicos del interior de la República para que los declarantes no tengan necesidad de trasladarse a la capital con la finalidad de consignar la declaración bajo juramento de su patrimonio, facilitando así el proceso a todas las personas obligadas.